La resolución 90/2018 del Viceministerio de Autonomía no terminó por resolver el conflicto por límites entre Chuquisaca y Santa Cruz; por el contrario, agudizó el conflicto y ahora amenaza con llegar al Legislativo, que debe aprobar una ley sobre los límites saneados. El Gobierno reiteró que este ya es un tema cerrado y llamó a las partes a actuar con responsabilidad.
Chuquisaca se declaró afectado por la resolución por considerar que toca los intereses que tenía en el campo hidrocarburífero Incahuasi. Fue el gobernador Esteban Urquizu quien trazó la línea de acción y anticipó que, aunque seguramente se los tratará de “chicaneros”, recurrirán a todas las estrategias legales para hacer prevalecer sus derechos.
No explicó qué acciones seguirá, pero advirtió con procesos penales a senadores y diputados que con su voto aprueben la resolución elaborada por el Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, en el marco de un proceso de conciliación y delimitación de los límites interdepartamentales.
“Aquel senador, asambleísta naciona, sea de Chuquisaca, de otro departamento o de Santa Cruz ¿será que va a atreverse a aprobar y homologar un documento falseado y amañado con mentiras que va a pasar a la Asamblea Legislativa? Solo que se atrevan aprobar, ahí tenemos el proceso para ese asambleísta”, advirtió desde Sucre.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, también fijó este lunes una posición a nombre del Gobierno, aunque horas antes lo había hecho ya el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Desde Santa Cruz, reiteró que el proceso de conciliación acabó y que fue tramitado por las mismas autoridades chuquisaqueñas, a quienes pidió aceptar los resultados, tal como ocurrió con el caso de un anterior conflicto con Tarija.
Ahora será el Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, el que deberá aprobar el proyecto de ley que Siles dijo ya fue remitido. El pasado viernes se conoció de la resolución y el gobernador Rubén Costas reivindicó su contenido como justo, tras lo cual demandó que se proceda a suspender la retención de las regalías dispuesta por un fallo constitucional.
Romero consideró que las autoridades cruceñas debieron haber presentado un recurso de complementación y enmienda a ese fallo que termine por validar los resultados del estudio técnico que estableció que el campo Incahusi pertenece a Santa Cruz. Como no lo hicieron, opinó que ahora debe hacerse otro para resolver el conflicto y cumplir el fallo constitucional para liberar las regalías.
Desde la capital cruceña, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, denunció un accionar con “saña” del Gobierno, porque ahora ratificó los límites cuando antes lo había observado generando “falsas expectativas” en las autoridades y pueblo de Chuquisaca.
“Falta descongelar los recursos de Incahuasi, debiera ser de simple trámite pero sabemos que van a haber piedras en el camino. Seguiremos en movilización hasta que se descongele los recursos”, anunció y aseguró que la Gobernación “no permitirá que (en el Gobierno central) se laven las manos” en este conflicto.
Ahora, aseguró, es responsabilidad de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciar los trámites sobre las regalías.
Urquizu anunció que se optará por la vía legal y las movilizaciones para defender los intereses departamentales. Pidió a Siles dejar de tratar este asunto porque actúa como vocero de la Gobernación de Santa Cruz y a Romero lo vinculó también con intereses cruceños, aunque luego aclaró que sigue en las filas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
La Brigada Parlamentaria de Chuquisaca recibirá toda la información del caso. “Vamos a ver qué senador o diputado pueda aprobar un informe que no es correcto, un trabajo que es totalmente falseado”. (09/04/2018)
