El ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó este lunes que no es competencia del secretario de la Organización de Estado Americanos (OEA) ni de la Comisión de Venecia interpretar el Pacto de San José, respecto a la figura de repostulación de autoridades.
La polémica sobre esta temática volvió a la agenda pública luego que el secretario de la OEA, Luis Almagro, anunció que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano el informe que elaboró la Comisión de Venecia sobre la repostulación en países de las américas.
“La OEA es un organismo de integración que tiene a su interior instituciones como la Comisión y la Corte Interamericana de DDHH estás son las únicas instancias que pueden interpretar y aplicar el Pacto de San José Ni Almagro ni esa Comisión habla por la OEA”, (sic) publicó la autoridad boliviana en su cuenta de la red social Twitter.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró que las declaraciones de Almagro responden a intereses del “imperio del norte”. Cuestionó que no haya habido expresiones similares ante las reelecciones “Rusia, Alemania o China”.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó una sentencia constitucional en noviembre de 2017 en la que avala la repostulación de autoridades bajo el argumento que la limitante prevista en la Constitución transgrede sus derechos políticos.
Plataformas ciudadanas y partidos de oposición rechazan el fallo porque no toma en cuenta el referéndum de febrero 2018, cuando la mayoría ciudadana rechazó la iniciativa de permitir la repostulación.
Almagro, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, explicó que el 27 de octubre de 2017 la OEA pidió a la institución europea un análisis ante la «mala y reiterada práctica regional” de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o “la posible perpetuación en el poder” en sistemas presidenciales.
Detalló que la comisión, conformada por expertos de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe concluye que los límites de mandato no restringen los derechos humanos y políticos de los candidatos. (09/04/2018)
