El dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos políticos de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado no es vinculante al Ejecutivo y Legislativo, sino a las exautoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), afirmó este jueves el ministro de Justicia, Héctor Arce.
Mientras que para el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Borda el dictamen de esa instancia internacional atinge solo a los vocales electorales de ese entonces y deberán ser ellos los que al final asuman los costos del resarcimiento establecido. El Estado, añadió, tendrá que iniciarse un proceso y de ser necesario embargar y rematar sus bienes.
Delgado y Maldonado recurrieron a esa instancia internacional luego que el TSE emitiera una circular que les impidió continuar con su postulación a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente. En ese entonces, 2014, acudieron a las instancias internas como a la Justicia pero, según informó Delgado, no atendieron oportunamente la denuncia.
La circular prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015, como Delgado y Maldonado, postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Además estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
El fallo establece el pago de un resarcimiento, que aún no está definido en monto, y un compromiso del Estado para que no vuelva a presentarse hechos como el denunciado.
“Es un tema que no es vinculante para el Órgano Ejecutivo ni para el Legislativo. Es un tema que vincula por una circular, por una resolución al anterior Tribunal Supremo Electoral y al anterior Tribunal Constitucional Plurinacional por una supuesta dilación en la tramitación de un recursos”, sostuvo Arce en una conferencia de prensa y evitó dar más detalles porque dijo que no tenía conocimiento del contenido de la sentencia.
En cambio Borda, en una entrevista en la red Unitel, dijo que es un precedente porque el “ejercicio de la ciudadanía es inherente al ser humano y no puede haber limitaciones” por lo que quienes deben responder por el daño civil son los vocales que firmaron esa resolución cuestionada.
“Si no tienen recursos (para pagar lo que se vaya a definir como resarcimiento) tendrán que embargarle, secuestrar todos sus bienes, rematarlos y con eso, obviamente subrogar la deuda”, advirtió.
En ese entonces eran máximas autoridades del TSE Wilfredo Ovando, Wilma Velasco, Dina Chuquimia, Ramiro Paredes, Marco Ayala, Fanny Rivas e Irineo Zuna.
Delgado y Maldonado fueron parte de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero tras diferencias internas optaron por distanciarse y apostar por candidaturas que hagan frente al oficialismo en sus respectivas regiones. Delgado incluso como diputada por el oficialismo presidió la Cámara de Diputados.
Arce dijo desconocer más detalles del caso, en tanto que Delgado señaló que esperaba el pronunciamiento del ministro porque cuando fue Procurador del Estado pidió sea rechazado el caso. (19/04/2018)
