Lo anunció hace unos cinco meses el vicepresidente Álvaro García y hace unos días el presidente Evo Morales envió al Legislativo un proyecto de ley para registrar y hacer público el nombre de las personas sentenciadas por violencia sexual y feminicidio. La decisión fue tomada ante los altos índices de violencia contra la mujer.
La iniciativa en debate da paso a la creación del «Registro de Personas con Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por Delitos de Violación Sexual y Feminicidio». Estará bajo administración del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), según el artículo 1.
El planteamiento fue hecho a fines de noviembre de 2017 por García con el fin de que buscar no solo una sanción penal sino también moral y social. Durante el último tiempo, dijo en ese entonces, la sociedad se volvió «permisiva e indiferente» ante estos casos.
El proyecto de ley ingresó al Legislativo el 13 de abril y esta semana empezará su tratamiento en el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados. Contiene un artículo y una disposición transitoria única.
Según datos del Ministerio Público, solo en los dos primeros meses de este año fueron denunciados 28 casos de feminicidio en Bolivia y 4.674 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. El departamento de La Paz ocupa el primer lugar con el mayor número de feminicidios, ocho casos, luego le sigue Santa Cruz con siete, Oruro con cinco y Cochabamba con cuatro.
En Chuquisaca hubo dos casos de feminicidios, en Potosí uno, en Tarija uno, mientras que en Beni y Pando no hubo ninguno. En 2017 fueron contabilizados 109 feminicidios y 32.042 casos de violencia familiar o doméstica.
El parágrafo II, del artículo 1 de la norma, señala que el registro «será de acceso público, en el marco de las políticas de prevención de todas las formas de violencia en razón de género y, será actualizado periódicamente».
El jefe de bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Baja, David Ramos, informó a La Razón que será a través de este registro que se podrán establecer mecanismos para luchar contra los «elementos delictivos que a veces dejan sangre y luto en la familia boliviana».
«Esta iniciativa se discutirá en la Cámara de Diputados para que se socialice y se pueda establecer mecanismos que permitan, principalmente, dar celeridad identificando elementos delictivos que hoy han sembrado pues terror y preocupación en el pueblo boliviano», añadió el legislador quien consideró «importante» el proyecto de ley.
El parágrafo III menciona que la información de las sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de violación sexual y feminicidio será proporcionada de forma trimestral y gratuita por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), dependiente del Consejo de la Magistratura. (24/04/2018)
