El expresidente de facto Luis García Meza Tejada fue despedido en un sencillo acto en la capilla castrense del barrio de Irpavi en la zona sur de La Paz, en el que participaron familiares y allegados. Durante esta jornada se anunció que continuarán las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas y por crímenes durante las dictaduras.
Tras la misa de cuerpo presente, en la Iglesia Nuestra Señora de Luján se escuchó un “toque de silencio”, una melodía interpretada por una trompeta y que es característica de los homenajes militares. Un caballo, que representa al arma de Caballería con la que se graduó del Colegio Militar, acompañó el acto. Por decisión de la familia, los restos fueron cremados.
El Gobierno instruyó que el exgeneral no reciba honores militares por respeto a la memoria histórica de Bolivia y las víctimas de su gobierno de facto. “No corresponde rendirle homenajes ni honores militares”, señala un comunicado del Ministerio de Defensa que argumenta que García Meza fue dado de baja de la institución castrense por dirigir un Golpe de Estado y por el atropello a los derechos humanos.
Presidente de facto tras el golpe militar del 17 de julio de 1980 que derrocó a la presidenta Lydia Gueiler Tejada, el exgeneral de Ejército murió a las 03.30 del domingo en el hospital de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), en la zona Miraflores de La Paz
La Comisión de la Verdad, conformada en agosto de 2017, emitió un pronunciamiento tras la muerte del dictador en el que afirman que las huellas de su gobierno junto dejaron señales que el tiempo no ha borrado ni podrá borrar. Advierten que quedan pendientes acciones para que no campee la impunidad, ni la injusticia.
“Quedan las acciones, relaciones y los daños, que en su momento y de acuerdo a ley nos tocará develar, para encontrar justicia a favor de las víctimas de la violencia impuesta por los dictadores contra los ciudadanos”, señala el texto.
La familia de García Meza es investigada por el Ministerio Público por legitimación de ganancias ilícitas de aproximadamente $us 4 millones, recordó este lunes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, quien aseveró que de ninguna manera el daño económico al Estado puede quedar impune.
La autoridad explicó que los familiares enfrentan ante la Fiscalía un proceso que el Ministerio de Justicia denunció en 2015 y que hasta la fecha -complementó- los allegados pudieron evadir la investigación por medio de la presentación de incidentes; siendo incluso dificultosa su notificación que se la tuvo que hacer recurriendo a edictos. (30/04/2018)
