El cabildo realizado ayer en Sucre decidió exigir la renuncia de las máximas autoridades políticas y de la universidad de Chuquisaca, demanda que el Gobierno descartó de inmediato. El gobernador Esteban Urquizu y el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, pertenecen a filas del oficialismo y se encuentran en la mira de los cívicos.
El rector de la Universidad San Francisco Xavier, Eduardo Rivero, también está en la lista de autoridades que –según decisión del cabildo- deben renunciar por haber actuado como «traidores» a los intereses de Chuquisaca durante el conflicto por la defensa del campo gasífero Incahuasi. Se informó que, al igual que Urquizu y Arciénega, la autoridad universitaria negó dimitir.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, fue una de las autoridades consultadas sobre la decisión tomada en el cabildo de ayer en Sucre, como parte de un pronunciamiento de 10 puntos que, entre otros aspectos, mantiene la emergencia y reafirma la defensa legal de sus intereses en el reservorio Incahuasi y límites con Santa Cruz.
“No se necesitan 72 horas, la respuesta es clara: no van a renunciar porque no va a ser un exmovimientista, un exadenista el que va a venir a querer sacar y poner autoridades, es asunto político y debe resolverse en términos políticos. No va a renunciar”, afirmó Zavaleta a la conclusión de la habitual reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno.
El secretario General de la Gobernación de Chuquisaca, Eberth Almendras, también descartó que Urquizu vaya a renunciar o a administrar el departamento desde otro municipio, como propusieron campesinos ante la presión en Sucre de diferentes sectores.
También están en la mira los legisladores del MAS Milton Barón y Alicia Canqui, entre otros. “Estos impostores deben renunciar porque han preferido servir a su partido político (MAS) y no al pueblo chuquisaqueño”, refiere el pronunciamiento del cabildo que también cuestiona al dirigente campesino Román Barrón por –sostiene- una actitud criminal en su afán de confrontación.
Urquizu fue la autoridad que presentó un recurso legal en contra de la resolución y ley que delimitó los últimos 30 vértices que restaban conciliar de la frontera con Santa Cruz y que tocan, según las autoridades chuquisaqueñas, sus intereses en Incahuasi. (16/05/2018)
