Los estrados judiciales son la esperanza en Chuquisaca para revertir las disposiciones que le dan a Santa Cruz el 100% de los derechos sobre el campo gasífero de Incahuasi, mientras en la capital oriental demandan que se deje la “judicialización” de este tema y, en cambio, se fortalezca la relación interdepartamental afectada por este conflicto.
En el oficialismo también consideran que debiera ya zanjarse el conflicto una vez que se definieron los límites interdepartamentales y se hizo público un estudio técnico que ratificó que el reservorio es en su totalidad de Santa Cruz. El diputado del MAS, David Ramos, señaló que “en vez de estar peleando por un Incahuasi, Chuquisaca podría tener dos o tres incahuasis”, refiriéndose a la oferta gubernamental de inversiones para exploración y explotación de otros campos.
Así se encuentra el panorama después de que se presentara en Cochabamba el informe sobre el reservorio que aún disputa Chuquisaca y del cabildo que en Sucre decidió encarar una batalla legal y reafirmar derechos sobre el campo, además de exigir la renuncia del gobernador Esteban Urquizu y del alcalde Iván Arciénega, en una declaración de 10 puntos.
El secretario General de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, en un contacto con el programa ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A, evitó emitir un comentario sobre las decisiones del cabildo, pero consideró que debe dejarse la “judicialización” de este tema porque perjudica a su región con el congelamiento del pago de regalías.
“Es tiempo de ponerle un alto a la judicialización, que al final nos hace daño a todos, pero principalmente a Chuquisaca”, reflexionó y afirmó que ahora solo queda desembolsar las regalías retenidas luego que se cumpliera el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que, motivado por un recurso de Chuquisaca, congeló las regalías hasta que se cumplieran dos condiciones.
Esas condiciones tienen que ver con la delimitación interdepartamental, que el Gobierno da por concluida con la ley vigente sobre 30 vértices que restaban por sanear y que desde Sucre se cuestiona porque no se los habría tomado en cuenta, y la realización de un estudio que el martes fue hecho público dando derechos sobre el campo a Santa Cruz.
El directorio ampliado del Comité Pro Santa Cruz determinó ayer, por su parte, realizar una gran marcha el jueves 24 de mayo, mientras que la próxima semana comenzarán los bloqueos de carreteras y de ahí vendría el paro cívico ante la falta de desembolsos de las regalías.
La vicepresidenta del Comité Cívico de Chuquisaca, Lilí Fernandez, explicó en la red PAT que la lucha continuará y que la motivación es la defensa del territorio porque sostiene que la delimitación última cercena territorios donde, obviamente, está el campo que reclaman.
“No estamos pidiendo Incahuasi, estamos pidiendo respeto a nuestro territorio que lógicamente dentro de aquello está Incahuasi. ¿Vamos a perder en este caso por las leyes que han realizado sin el consenso sin conocimiento de Chuquisaca?”, cuestionó y dijo que la mayor preocupación es la pérdida de comunidades, que el Gobierno lo desmintió.
Aún no se conoce la fecha en la que se empezará a liberar las regalías retenidas, lo que espera Chuquisaca no ocurra con el desplazamiento de una estrategia jurídica. No obstante ya el viernes Urquizu presentó un recurso legal en contra de la ley que ratificó una resolución de límites que toca intereses hidrocarburíferos.
El viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, explicó que está en manos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el procedimiento de liberación de las regalías y consideró que “ya debería darse por zanjado” el conflicto que provocó un paro cívico de más de 10 días con bloqueos y piquetes de huelga de hambre.
Chuquisaca se mantiene en relativa tranquilidad. Ayer, tras el cabildo, decenas de personas se trasladaron hasta la plaza principal 25 de Mayo para exigir la renuncia de sus autoridades, en tanto que los campesinos, aliados de Urquizu, anunciaron antes que defenderían a la autoridad y que se marginaban de las protestas convocadas por los cívicos a la espera de resultado de acciones legales.
El Ejecutivo ofreció en negociaciones iniciales una inversión de más de $us 1.000 millones para desarrollar el potencial hidrocarburíferos de Chuquisaca, lo que genera dudas en la representante cívica. (16/05/2018)
