Paola Barriga, abogada de la familia de Jonathan Quispe, cuestionó la cercanía entre la Fiscalía y la Policía Boliviana en el caso de la muerte de un universitario en El Alto. Afirmó que existen “muchos cabos sueltos” y que por el momento no existen certezas sobre las pruebas que se han mostrado hasta el momento.
El Ministerio de Gobierno presentó al subteniente de Policía Cristhian C. C. como el autor de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), luego de otras versiones oficiales sobre la causa de la muerte que vinculaban a los mismos manifestantes.
“No podemos entender cómo el Fiscal General del Estado puede estar sentado en la misma mesa con quienes debe investigar. El Misterio Público tiene que estar al lado de la víctima y la población ¿A quién vamos solicitar pericias al interior de la Policía?, se requieren secuestros. No tenemos una fuente real”, afirmó la jurista en declaraciones a los medios de prensa.
Barriga recordó que los videos de vigilancia, pertenecientes a la Policía Boliviana, demoraron siete días en ser mostrados. Asimismo, explicó que no se conoce de ninguna imagen en la que se pueda ver al subteniente usando el arma para que, fehacientemente se pueda establecer que él realizó el disparo letal.
Explicó que la querella puede ser ampliada en función a las nuevas revelaciones y que no solo versa en el asesinato, sino el uso de armas no convencionales. Además que se buscará establecer autores intelectuales, cómplices y otros elementos como la falta de auxilio.
Anunció que presentará una demanda en contra del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, por los delitos de difamación y calumnias, además por obstaculizar la investigación. “¿Cómo pude decir que nos va hacer tragar nuestras palabras? Nos quería forzar a que creamos su primera hipótesis”, lamentó. (01/06/2018)
