Tras que este martes se cumpliera el paro de 48 horas en demanda de mayor presupuesto y el esclarecimiento del asesinato del estudiante Jonathan Quispe, el conflicto activado por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se mantiene invariable a la espera de un diálogo directo con el presidente Evo Morales.
El presidente del Consejo Universitario, Gerardo Valdez, dijo que el sector no quiere intermediarios como ministros o viceministros que hasta la fecha no han podido avanzar en una solución al conflicto y anunció para la mañana de este miércoles una asamblea docente estudiantil en la que se definirán nuevas estrategias de lucha.
Dijo que la única solución posible es “política” y que eso significa que Morales determine, apoyado en el “rodillo que tiene el Movimiento al Socialismo (MAS) en el Legislativo”, la modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria.
“Queremos sí o sí al Presidente para la modificación de la ley 195”, insistió Valdez, quien además ratificó el pedido de renuncia de los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía, Mario Guillén, por su actuación en este conflicto.
Cuestionó además a los dirigentes de sectores sociales que acudieron el lunes al diálogo convocado por el Gobierno y que acabó abriendo las negociaciones a la espera solo de que se sumen las autoridades y dirigentes universitarios.
“La Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) no representa a toda la ciudad de El Alto, son pequeños dirigentes que se han acaparado ahí», insistió en una entrevista con la red PAT.
Entre el lunes y martes se cumplió en El Alto un paro con marchas y bloqueos que fue convocado por el Pacto de Unidad, conformado por dirigentes de la Fejuve, la Central Obrera Regional (COR) y gremiales.
La muerte del universitario Jonathan Quispe durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes aumentó el nivel de conflictividad, que ahora incluye la demanda de esclarecimiento de ese hecho y la sanción para los responsables. Los universitarios no creen que se trate de una acción aislada como sostiene el Gobierno.
Una vez concretada la reunión del lunes, a la que no asistió la UPEA, dirigentes como los gremiales decidieron replegar a sus bases de la protesta de respaldo a los movilizados. El dirigente de la Fejuve Sandro Ramírez recordó que las autoridades de la UPEA se acercaron a pedir respaldo a los sectores sociales con el argumento de que pedían diálogo.
“El Gobierno tiene su rodillo en la Asamblea Legislativa, ahí son decisiones políticas. Evo Morales puede llamar a los presidentes del Senado y de Diputados y ahí, como se ha resuelto el tema de los médicos (inicial modificación y posterior anulación de la ley del Código Sistema Penal), eso queremos, no queremos salir al siguiente año”, insistió el dirigente universitario.
En la ley 195 se establece que la UPEA recibirá una asignación de 0,355% y lo que buscan los movilizaciones es incrementar ese porcentaje. Para el Gobierno es complejo atender la exigencia porque implicaría restar su cuota a otros sectores, sin embargo mantiene la disposición de dialogar para encontrar una salida al conflicto. (06/06/2018)
