La comisión legislativa de oposición convocó al expresidente y actual agente en el juicio marítimo Eduardo Rodríguez a declarar en el marco de la investigación sobre denuncias de sobornos en el caso Lava Jato. Rodríguez respondió que acepta prestar declaraciones y que contribuirá en ese trabajo “desde la sede de mis funciones y por escrito”.
Fue citado para dar su testimonio sobre el proceso de contratación de la carretera Roboré-El Carmen porque se sospecha que en esas obras las firmas brasileñas que se adjudicaron pagaron sobornos, según una indagación realizada en Brasil en lo que se conoce como el escándalo de sobornos Lava Jato.
“He respondido a la invitación de la Comisión de Oposición Mixta del caso “Lava Jato”, ratificando mi disposición de contribuir a sus indagaciones desde la sede de mis funciones y por escrito”, informó el expresidente, quien también cumple las funciones de embajador en los Países Bajos.
El senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo preside la comisión opositora que trabaja de forma paralela a otra formada en sesión de la Asamblea Legislativa para también investigar el caso de sobornos y que se denomina Odebrecht – Camargo Correa, nombre de las firmas que se adjudicaron las obras hoy en investigación.
Carlos Mesa, también expresidente, fue uno de los primeros en ser convocado y declarar ante la comisión opositora. El 24 de mayo detalló que su gestión aprobó un Decreto Supremo que abrió la posibilidad de financiar la vía con base en acuerdo con el expresidente de Brasil Inacio Lula da Silva, pero aseguró que ese acuerdo no entró en vigencia.
Añadió que Rodríguez, su sucesor, aprobó una ley el 30 de septiembre de 2005 que cambió el financiamiento y determinó mantener a Camargo Correa como ejecutor. Y que el comienzo de la obra, los desembolsos y la entrega se hacen en la gestión del presidente Evo Morales, que empieza en enero de 2006.
La diputada oficialista Susana Rivero preside la comisión formada en sesión legislativa y que el oficialismo reconoce. La legisladora aseguró que la administración de Mesa será investigada ya que fue en ese gobierno en el que se “amarró” el contrato, aunque aclaró que eso “no quiere decir que el soborno esté ahí”.
