El expresidente Carlos Mesa llegó a Sucre y presentó un segundo documento ante la Fiscalía del Estado para que rechace el juicio planteado en su contra por la Procuraduría por el caso Quiborax. En el escrito denunció que Quiborax, de capitales chilenos, inició el juicio contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma y que la defensa boliviana no objetó.
Además hizo conocer que el Procurador del Estado, Pablo Menacho, selló el fin del litigio, que implicó el pago de una indemnización de $us 42,6 millones, con el representante legal de la firma Andrés Jana, quien es parte de un equipo jurídico privado que apoya a Chile en el juicio marítimo planteado por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En el documento, que es el segundo que presenta pidiendo al Fiscal General, Ramiro Guerrero, rechazar el juicio planteado en su contra tras el fallo adverso en el caso Quiborax, cuestiona que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) haya dado paso al juicio teniendo conocimiento que se basaba en un documento fraudulento.
Se trata del documento falsificado de la junta de accionistas de Non Metallic Mineral Quiborax del 13 de septiembre de 2001. David Moscoso, accionista de la firma de capitales chilenos, fue llevado a juicio por el Estado boliviano y sentenciado en 2009 a dos años de cárcel por la falsificación y uso de instrumento falsificado.
“No estamos de un juicio contra Bolivia basado en la legalidad de una empresa que se querella contra el país, sino que esa querella se inicia con una falsificación y nos sorprende que el Ciadi haya aceptado como elemento de convicción”, reclamó y además reveló que el Ciadi pidió a Bolivia levantar ese juicio contra Moscoso porque de lo contrario no podría avanzar.
Esa acta de constitución fue utilizada, según recordó Mesa, para sustituir otra del 11 de septiembre de 2001 a fin de revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax “con el fin de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano”.
“Sin esa acta, Quiborax no hubiera presentado la demanda contra Bolivia. Cómo el Ciaci lo acepta y cómo el Gobierno de Bolivia, representado por la Procuraduría, no objeta el desarrollo de ese proceso”, insistió y, tras cuestionar el accionar de la Procuraduría en el caso se reafirmó en su decisión de haber nacionalizado el Salar de Uyuni.
La administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni por una serie de irregularidades. Se informó que invirtió unos $us 800.000 y ahora cobró una indemnización de $us 42,6 millones en un acuerdo rubricado el 7 de junio.
Tras confirmarse al fallo del Ciadi en segunda instancia, la Procuraduría inició un juicio contra el también portavoz de la demanda marítima por la reversión de esa concesión y sus efectos, lo que el acusado cuestiona y rechaza. En un primer memorial presentado a la Fiscalía dijo que si se da curso a ese pedido el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Evo Morales debieran ser incluidos porque mantuvieron la decisión que tomó de revertir al Estado la concesión.
También denunció que Jana, con quien Menacho firmó el documento de pago de los $us 42,6 millones, trabaja en un equipo jurídico que apoya a Chile en su defensa en la demanda marítima. De hecho Jana es parte del equipo de abogados que presentó la demanda contra Bolivia en el Ciadi.
Un contrato transaccional entre el Estado y las firmas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., ambas con capitales chilenos, dio cumplimiento a un laudo arbitral y el pago de $us 42,6 millones por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni, monto $us 14,5 millones menor al que fijó el laudo y $us 108 millones menos de lo que se pretendía inicialmente la firma chilena. (12/06/2018)
