Los casos de acoso y violencia política contra concejalas se triplicaron en dos años en el departamento de La Paz. En 2016 habían cinco y para el primer semestre de 2018 ya sumaron 17, según datos presentados por la Asociación de Concejalas de La Paz (Aco-La Paz).
“Estamos sufriendo por ocupar cargos políticos; exigimos a los jueces cumplir con las leyes que fueron creadas para protegernos”, reclamó ayer la vicepresidenta de esa entidad, Susana Lima, en una rueda de prensa junto a 14 concejalas de La Paz y la delegada de la Defensoría de La Paz, Teresa Subieta.
La autoridad defensorial informó que se iniciará una investigación que incluya el seguimiento a cada una de las denuncias sobre el acoso que sufren las mujeres.
Las 17 denuncias de este año son de los municipios de La Asunta, Caranavi, Mocomoco, Ayata, Caquiaviri, Huarina, Batallas, Achocalla, Sica Sica, Jesús de Machaca, Patacamaya, Ixiamas, Puerto Pérez, Santiago de Callapa, Pelechuco, Irupana y Escoma.
El martes, la oficina de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) condenó la “sistemática vulneración de los derechos políticos de las mujeres” que desempeñan cargos políticos.
El Tribunal Supremo Electoral, a través del Observatorio de Paridad Democrática, comunicó que se registró un total de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país en los primeros cuatro meses de 2018.
“Es un dato terrible (…). Debe haber una sanción rápida, no importa el partido o el nivel administrativo que sea, se debe ser implacable contra eso”, afirmó ayer Álvaro García Linera, quien ejerce temporalmente la presidencia.
