El procurador del Estado, Pablo Menacho, reveló este jueves que el expresidente Carlos Mesa recbió 5 solicitudes de la empresa Non Metallic Minerals SA – Quiborax para un proceso de consultas amistosas afín de resolver el conflicto de intereses por la reversión de la concesión en el Salar de Uyuni.
«Carlos Mesa recibió 5 solicitudes de consultas amistosas por las empresas chilenas Quiborax y NMM y no hizo nada para resolver la controversia internacional surgida por la emisión de su ilegal Decreto Supremo 27589» (Sic), escribió en Twitter.
Su mensaje incorporó las cartas que la empresa envió a Mesa entre junio de 2004 y enero de 2005 en el marco del artículo 10 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Bolivia y Chile.
«Toda vez que Carlos Mesa no hizo nada para resolver la controversia internacional con las empresas chilenas, Quiborax, Non Metallic Minerals y Allan Fosk demandaron a Bolivia ante el CIADI el 4 de octubre de 2005. El motivo fue el ilegal Decreto Supremo 27589», recordó Menacho.
Por la misma red social, Mesa escribió que si el gobierno de Evo Morales no hubiera aceptado un proceso, basado en un documento falsificado, en alusión al documento de la junta de accionistas de Non Metallic Mineral Quiborax del 13 de septiembre de 2001, no se hubiera hecho un laudo arbitral contra Bolivia.
Una vez más, defendió el decreto aprobado en su gestión y señaló que Quiborax incumplió leyes ambientales, pago de impuestos, derechos aduaneros y que cometió fraude en la declaración de volúmenes reales de exportación de ulexita a Chile
«El gobierno de Morales rechazó la propuesta extrajudicial de Quiborax de resolver la controversia con una compensación de solo $us 3 millones y acabo pagando $us 42 millones», escribió, en referencia a un informe publicado por el diario El Deber que revela que la empresa de capitales chilenos requirió un pago de $us 3 millones para no recurrir a un laudo.
Menacho escribió, además, que el tratado internacional usado para demandar a Bolivia fue suscrito en la gestión del «socio político de Carlos Mesa» en alusión al también exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. «Si no hubieran suscrito ese tratado, no existiría el Laudo», indicó.
El martes 22 de mayo y tras confirmarse que Bolivia perdió el arbitraje internacional contra la transnacional chilena en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que dispuso el pago de $us 57 millones -que luego se redujo a $us 42 millones-, Menacho, pidió a la Fiscalía investigar a Mesa. (14/06/2018)
