El exministro Gustavo Pedraza fue incluido en la proposición acusatoria por el caso Quiborax contra el expresidente Carlos Mesa y este lunes acudió a la Fiscalía, en Sucre, para declarar. No dio detalles de las preguntas o de sus respuestas en el interrogatorio, pero consideró que esta es una buena oportunidad para mostrar que la Justicia está por encima de las disputas políticas.
“Es buena oportunidad para mostrar que la Justicia está por sobre la disputa del poder político, me parece excelente el caso para que se muestre que se hace un juzgamiento sin que esté contaminado por la disputa política, que es muy común en el país”, expresó a la conclusión de su comparecencia en la Fiscalía.
La Procuraduría del Estado, presidida por Pablo Menacho, planteó el juicio contra Mesa y exministros luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) confirmara una decisión en la que obliga al Estado a pagar $us 42,6 millones por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni a la firma de capitales chilenos Non Metallic Minerals SA – Quiborax.
La administración de Mesa, según la posición de la Procuraduría y el Gobierno, no siguió los pasos legales y vigentes para la reversión de la concesión, lo que fue base de la resolución del tribunal que obligó al Estado a pagar una millonaria indemnización. Para Mesa, en cambio, no hubo una buena defensa, es más, no se incidió en la ilegalidad de un acta que fue central en el inicio del arbitraje.
De hecho, se siguió un proceso legal que concluyó con una sentencia contra David Moscoso por la falsificación de esa acta. Ese documento sustituyó a otro y cambió la composición accionaria para adecuarla, según recordó Pedraza, al tratado bilateral entre Bolivia y Chile que exige que haya una mayoría accionaria chilena para acudir al CIADI.
El exministro aclaró que no cumplía funciones durante ese proceso de reversión de la concesión, pero insistió, en coincidencia con Mesa, que no debió darse el arbitraje dado que se asienta en un documento falso.
El expresidente, quien también es portavoz en la demanda marítima, contrademandó junto a exministros a Menacho, al ministro de Minería, César Navarro, el exprocurador y hoy ministro Héctor Arce, y a la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi. Los delitos en lo que, dijo incurrieron, son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Según la tesis del exmandatario, el Ministerio de Defensa Legal se retractó de un acuerdo formal oral al que ya había llegado con la chilena Quiborax para cerrar amistosamente el pleito con el pago de $us 3 millones, y no los $us 42,6 millones que finalmente definió un laudo arbitral. Además de que no se observó el uso que hizo Quiborax de un documento falsificado. (25/06/2018)
