El equipo jurídico nacional-internacional volvió a reunirse en La Haya este martes como parte del trabajo orientado a continuar con la preparación de la respuesta a la demanda chilena presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por derechos sobre el agua del Silala, recurso ubicado en la zona de frontera y sobre el que Bolivia reivindica su soberanía.
El canciller Fernando Huanacuni, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales, Emerson Calderon, además del agente y embajador Eduardo Rodríguez, forman parte del equipo jurídico nacional que trabaja en La Haya.
Mientras que en el equipo internacional participaron abogados como Antonio Remiro Brótons, Mathias Forteau, Vaughan Lowe, Amy Sander y Monique Chemillier Gendreau, quienes también trabajaron en todo el proceso de la demanda marítima boliviana ante la misma corte.
“En La Haya, el Canciller @huanacuni_m , el Ministro de Justicia @ArceZaconeta y el Agente @erveltze junto el equipo internacional trabajan en las características de la respuesta del #Caso Silala”, informó la Cancillería en una mensaje en Twitter que acompañó con fotografías de la cita.
El presidente Evo Morales presidió similar reunión en La Haya entre el 16 y 16 de este mes, donde anunció la decisión de no contrademandar como se había perfilado inicialmente por los derechos sobre el recurso hídrico.
“Inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero por recomendaciones jurídicas de carácter internacional se ha descartado», informó en ese entonces en declaraciones a la agencia de noticias Efe.
Hasta septiembre Bolivia debe presentar la contramemoria en este proceso, un documento en el que se responde a los argumentos jurídicos e históricos que sustentan la demanda chilena. Bolivia defiende el hecho de que ese recurso, ubicado en la frontera, en Quetena Chico, Potosí, nace y muere en suelo boliviano y que proviene de bofedales.
En esa zona, justamente puede evidenciarse las obras de infraestructura civil que levantó Chile hace más de 100 años para canalizar el recurso a su territorio amparado en una concesión para el funcionamiento de una empresa de locomotoras. Esa concesión fue anulada.
Chile, por su parte mantiene la posición de que ese recurso es parte de un río. En 2009, ambos Estados llegaron a un principio de acuerdo en el que el gobierno de Santiago aceptaba pagar por el 50% del agua que utilizaba y que el resto quedaba pendiente hasta que se defina su pertenencia a partir de estudios técnicos. (26/06/2018)
