El expresidente Carlos Mesa presentó este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre, la petición de anulación del requerimiento acusatorio del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por el caso Quiborax por «diversas y graves irregularidades» en la investigación como la no convocatoria a «testigos claves» y exclusión en la misma «no inclusión» de actuales autoridades de Estado.
Lo hizo un día después de que Guerrero avalará la proposición acusatoria planteada por la Procuradoría del Estado en contra de Mesa para su enjuiciamiento por el mencionado caso que le ocasionó al Estado una pérdida de $us 42,6 millones como indemnización a la empresa de capitales chilenos por su expulsión en 2004.
«Solicito a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que dentro del caso EXP Nº CH 1/2018, denominado ‘Quiborax’, y en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, disponga la anulación de las actuaciones del Fiscal General del Estado hasta el vicio más antiguo, que incluye su resolución de admisión de la Proposición Acusatoria y todas las actuaciones posteriores de ésta autoridad y ordene que las investigaciones preliminares dentro de este caso, se sujeten a los elementos de juicio proporcionados por todos los sujetos procesales intervinientes en este proceso», señala el petitorio.
En el documento, Mesa, expresidente entre 2003 y 2005, alegó que Guerrero no tomó en cuenta la citación a su sucesor en la presidencia, Eduardo Rodríguez Veltzé «ni siquiera en calidad de testigo» para que aclare el por qué aceptó y estuvo de acuerdo con la decisión de anulación de las concesiones de Quiborax en el Salar de Uyuni.
«El Fiscal General del Estado ni siquiera convocó a declarar a Elizabeth Arismendi, ex Ministra de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, ex Ministro de Defensa Legal del Estado y ex Procurador General del Estado, César Navarro, actual Ministro de Minería y Pablo Menacho Diederich, actual Procurador General del Estado», explicó Mesa, en alusión a su pedido de ampliación de la investigación y la inclusión de las mencionadas personas para comprender cómo fue la defensa legal de Bolivia y ver a quien le corresponde la responsabilidad por el daño económico causado.
Cuestionó, también, la no convocatoria a «testigos claves», como la abogada y actual directora del Notariado Plurinacional, Ericka Chávez, de Carmiña Llorenti Barrientos, exProcuradora, y de Dante Justiniano.
«Podrían haber aportado elementos de juicio importantísimos sobre la redacción conjunta entre abogados y personeros chilenos de las empresas demandantes y funcionarios de la Procuraduría de proyectos de acuerdos económicos, retiros de acusaciones y sobreseimientos a favor de Allan Fosk y otros ocho coprocesados, en el juicio penal por falsificación del capital accionario que permitió la realización ilegal del arbitraje en contra de Bolivia», señaló.
La excusa -dice Mesa- de estas gravísimas omisiones de Guerrero es que la investigación de estos hechos correspondería a un proceso penal ordinario y no a un juicio de responsabilidades, al no estar involucrado un Presidente o Vicepresidente de Estado, razón por la cual el Fiscal General remitió estos antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz «dividiendo artificial y sesgadamente en dos procesos penales una investigación que debería sustanciarse en uno solo y en el mismo juicio penal».
Mesa acusó de falta de independencia, imparcialidad y objetividad al Fiscal General porque sólo tomó en cuenta elementos de juicio proporcionados en la proposición acusatoria de la Procuradoría y dejó de lado los elementos determinantes.
«Con esta omisión y división artificial de la investigación, el Fiscal General del Estado también violó el artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque no ajustó sus actuaciones a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia, así como no nos proporcionó un trato igualitario y digno a todas las personas que deberíamos estar incluidas en la misma investigación preliminar», señaló.
Mesa pidió al TSJ una profunda evaluación de todas las omisiones y vicios de nulidad absoluta denunciados en el memorial con relación a la intervención de Guerrero y que se disponga las medidas correctivas y de nulidad que correspondan.
A través de su cuenta Twitter, el exmandatario y vocero de la demanda marítima boliviana agradeció las muestras de apoyo a su persona ante un posible enjuiciamiento.
«Abrumado y agradecido por las innumerables muestras de respaldo y afecto de tantísimos compatriotas ante la criminalizacion de la política y la destrucción de la democracia que representa el caso Quiborax», escribió. (10/07/2018)
