El Estado boliviano aún no habría desembolsado los $us 54 mil para el pago por la defensa legal de nueve ciudadanos bolivianos que fueron detenidos y posteriormente sentenciados en Chile en junio del pasado año, denunció este miércoles el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral.
Dijo que en una carta presentada por el jurista chileno Matías Coll del Río ante el Consulado de Bolivia en Santiago de Chile, fechada el 10 de julio de este año, se hizo conocer el impago a él y a su colega Roberto Celedón Fernández.
Detalló que en la misiva se autoriza además al ciudadano Julio César Ramos Luna a realizar la representación de los abogados ante las instancias del Estado boliviano para hacer “todas las gestiones que sean necesarias para procurar el pago de los honorarios profesionales adeudados por el Estado Plurinacional de Bolivia a los abogados Roberto Celedón Fernández y Matías Coll del Río, con motivo de la defensa jurídica realizada en favor de los nueve funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia detenidos en la República de Chile el 19 de marzo de 2017”.
El 16 de agosto de 2017, el Ejecutivo aprobó erogar, a través del Decreto Supremo 3028, la suma de $us 54.000 para el pago de los servicios de la defensa legal que patrocinó a los nueve bolivianos que fueron detenidos el 19 de marzo de 2017 cuando participaban en un operativo de lucha contra el contrabando en la frontera con Chile.
“Lo lamentable para nosotros es que nuestro país, por este tipo de detalles, está quedando mal a nivel internacional. Nosotros exigimos que se cumplan los tratados, los compromisos y no puede ser que no hayan podido cumplir el pago de honorarios de abogados chilenos, le estamos dando en este momento más discurso a Chile que nosotros no sabemos cumplir y a pesar de que hay un decreto en que el presidente autoriza el desembolso de esa plata”, cuestionó Barral.
Tras permanecer 101 días en la prisión chilena de Alto Hospicio, en Iquique, los agentes bolivianos fueron sentenciados y se dispuso el pago de una multa de $us 49.834 erogada por el Estado a través del Decreto Supremo 3218, del 23 de junio de 2017.
De acuerdo con el Decreto Supremo 3028, el Ministerio de Economía y Finanzas iba a ser el encargado de transferir los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) a favor de la Aduana Nacional para realizar el pago de la defensa de los nueve bolivianos, pero según el legislador opositor ello no fue efectivizado aún. (11/07/2018)
