La Procuraduría General del Estado (PGE) aclaró este lunes que la solicitud de Proposición Acusatoria que se presentó ante la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente Carlos Mesa tiene como objetivo establecer responsabilidad en la generación de la controversia con la empresa chilena Quiborax.
El caso generó polémica, nuevamente, debido a que un ministro dijo que el juicio impulsado en contra del expresidente apunta a recuperar los $us 42,6 millones que indemnizó el Estado al firma chilena. Mesa replicó y dijo que quienes deben honrar ese pago son los ministros Héctor Arce y Cesar Navarro, además del procurador Pablo Menacho.
“La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del ex presidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)” señala u comunicado de esta institución que fue publicado este lunes.
“Básicamente los procesos que se han iniciado contra el expresidente Mesa van justamente en la recuperación de los 42 millones de dólares”, declaró el domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén en el programa El pueblo es noticia, difundido por medios estatales.
El exgobernante defendió nuevamente su inocencia en el proceso en su contra, que considera «político». Remarcó que no cometió “ningún error” jurídico durante su mandato, destacó que el término “revocatoria” que observa el Ejecutivo como ilegal está consignado en la legislación boliviana
“El señor Arce y el señor Menacho son quienes deben responder por los $us 42 millones porque han cometido delitos, porque han hecho actos irregulares y porque han hecho una pésima defensa de nuestros intereses en el caso Quiborax”, indicó en un contacto con radio Compañera.
El tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un Laudo en septiembre de 2015 dispuso el pago de una indemnización $us 42,6 millones a favor de las demandantes, Quiborax y NMM.
La Procuraduría solicitó un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa. La Fiscalía General presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades y la Asamblea Legislativa Plurinacional, deberá autorizar el proceso.
Según la versión de la Procuraduría, la controversia internacional surgió por el incumplimiento a la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, al Decreto Supremo N° 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento, en el gobierno encabezado por el ex presidente Carlos Mesa, así como por la emisión del ilegal Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004”. (23/07/2018)
