El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) envió una carta al procurador del Estado, Pablo Menacho, donde le solicita iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (en 2010) o en caso contrario retire la proposición acusatoria en su contra por el caso Quiborax, para demostrar que no se trata de una persecución política.
En la misiva, fechada el 23 de julio, Mesa escribió: «debe acusar al presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi» de la empresa Rurelec en estricto cumplimiento del artículo 14, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos. De lo contrario debe retirar la acusación en mi contra».
El Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió el 30 de enero de 2014 un laudo (sentencia) arbitral por el cual obligó a Bolivia a pagar una compensación a Rurelec, incluida intereses, por la nacionalización un monto de $us 36.023.114, a lo que se sumó $us 5.781.736 por una deuda de Guaracachi a su accionista Rurelec, lo que sumó un total de $us 41.804.850.
Sin embargo, ese monto se redujo a $us 31.534.613 tras un acuerdo alcanzado en mayo de ese mismo año, según anunció en esa ocasión el entonces procurador y actual ministro de Justicia y Tranparencia Institucional, Héctor Arce, a quien Mesa acusa de haber desempeñado una pésima defensa en el caso Quiborax, junto a Menacho y otras autoridades.
Mesa recordó que el Tribunal Arbitral afirmó “categóricamente” que la expropiación, «llevada a efecto a través del DS 0493 de 1º de mayo de 2010 firmado por el presidente Evo Morales Ayma», fue ilegal.
“Si seguimos su razonamiento, es decir acusarme de Resoluciones contrarias a la Constitución, Incumplimiento de Deberes y Daño económico al Estado por la firma del DS 27589 que revocó las concesiones de Non Metallic Minerals y la Resolución de la Superintendencia de Minas que anuló dichas concesiones en mi gobierno, basado en un Laudo Arbitral contrario a Bolivia; iguales o mayores razones exigen que proceda de la misma manera con relación a la denominada nacionalización de Guaracachi», insistió.
La revocación de las concesiones a Quiborax y Non Metallic Minerals originó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) falle a favor de la empresa y ordene a Bolivia al pago de $us 48,2 millones como compensación que luego bajó a $us 42,6 millones.
Menacho acusó a Mesa de incumplir normativas y planteó una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado para llevar a juicio al exmandatario, la cual fue trasladada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consulta.
«Si Usted quiere probar que lo que digo no es cierto, el único camino que le queda para encauzar su inconstitucional e ilegal actuación en el marco del respeto a los principios de la Carta Magna y el Estado de Derecho, lo que tiene que hacer es: o el retiro de la Proposición Acusatoria en el caso Quiborax, o la inmediata presentación de una proposición Acusatoria en contra del Presidente Evo Morales Ayma», escribió Mesa a Menacho. (24/07/2018)
