Este miércoles la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá decidir si envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la solicitud para el enjuiciamiento del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. De hacerlo, como todo indica que ocurrirá, el futuro del exmandatario quedará en manos de la mayoría oficialista en el Legislativo.
El lunes, la sala penal del TSJ, integrada por Olvis Égüez y Edwin Aguayo, emitió un informe que recomienda que se envíe el pedido de autorización de enjuiciamiento, con base en la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado, y posteriormente avalada por la Fiscalía General, contra Mesa y tres de sus ministros: Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible), Freddy Escobar (Minería e Hidrocarburos) y Luis Fernández (Trabajo).
Los cuatro son acusados por la aprobación de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el caso de la reversión de concesiones mineras a la sociedad Quiborax- Non Metallic Minerals (NMM), lo que al final llevó al Estado a pagar 46,2 millones de indemnización tras haber perdido un juicio.
“Conforme a procedimiento, ayer en la tarde (lunes) la sala penal remitió el informe a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia y será analizado (hoy), pero solamente será la cuestión formal de procedimiento para ver si corresponde remitir a la Asamblea Legislativa y pedir la autorización para el juicio que corresponda”, informó este martes, en Sucre, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.
De ser aprobada la solicitud de apertura de juicio de responsabilidades, la decisión quedará en manos de la ALP, donde el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría absoluta. La ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades de Estado establece que el pedido de autorización para el enjuiciamiento deberá ser aprobado “por al menos dos tercios de voto de sus miembros presentes”.
El 4 de julio los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, fueron interpelados en la ALP por el caso Quirborax y defendieron los argumentos de la acusación contra Mesa, tras lo cual recibieron el respaldo de la mayoría oficialista. Allí estuvo el expresidente y, a la conclusión, comentó que este era un anticipo de su enjuiciamiento.
“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación en nuestra contra”, dijo. Cinco días después la Fiscalía decidió abrir la acusación.
Este martes, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, afirmó que en la eventualidad de que se apruebe el juicio de responsabilidades éste no concluirá en esta gestión.
“El propio señor Mesa, si está nervioso con ese tema, que se quede tranquilo, no vamos a alcanzar con los plazos. Definitivamente, los procedimientos nos aconsejan que el promedio de un juicio de estas características no demora menos de dos años, esa es la experiencia institucional”, afirmó.
En este contexto, la exministra de Comunicación, Amanda Dávila, consideró este martes que el expresidente Mesa (2003-2004) no debería ir a prisión por expulsar a «la mafiosa» Quiborax del país, porque actuó en bien de país.
«El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo», escribió la periodista y exministra entre 2012 y 2014. (25/07/2018)
