Sin haberse siquiera aprobado en pleno camaral el reglamento y menos la convocatoria, ya se ha desatado la polémica en torno a la designación del nuevo Fiscal General del Estado. La oposición anunció una dura fiscalización y, a contramano, el oficialismo defiende la transparencia del proceso de selección del sucesor de Ramiro Guerrero.
La diputada del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero aseguró este miércoles, en una rueda de prensa que la elección de la nueva autoridad está enmarcado en proceso público, transparente y con presencia del Sistema Universitario.
A decir de la legisladora oficialista, la trilogía allanará el derrotero para elegir al profesional más idóneo que ocupe el alto cargo del Ministerio Público.
“Son procesos públicos, son procesos transparentes, que van a contar con el apoyo de la asistencia del Sistema Universitario y como en todos los procesos que hemos desarrollado, de manera pública y transparente se abrirán etapas de impugnaciones de la ciudadanía”, subrayó la legisladora, cita un boletín institucional.
Bajo ese argumento, trajo a colación las designaciones “a dedo” que practicaban los gobiernos del periodo neoliberal. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Lino Cárdenas, remarcó que si a “la ciudadanía le parece que alguno de los postulante no debería concursar, pueda impugnar”.
Para el jefe de bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD) en el Senado Arturo Murillo, la realidad no ha cambiado debido a que, pese a los procesos de selección que ahora se hacen en el Legislativo, la mayoría oficialista ha optado por designar a autoridades personas funcionales al Gobierno.
“Se ha secuestrado el Poder Judicial (Órgano), se ha secuestrado el Ministerio Público, entonces no hay órganos independientes, mientras la Constitución manda que debe haber órganos independientes, estamos demostrando que no existen”, reclamó.
A su juicio, lo que resta es “hacer un seguimiento para ir denunciando a quién van a nombrar como su fiscal General”. Se animó a decir que ni la convocatoria a un organismo internacional para fiscalizar el proceso servirá para anular los aprestos oficialistas.
“Siempre vamos a coordinar con todos los opositores”, anunció Murillo, un criterio que fue respaldado por el diputado de UD Wilson Santamaría, quien además apuntó que “al Gobierno no le interesa tener una autoridad independiente”, sino “mantener una lógica de continuidad de esta Fiscalía con la mayor cantidad de denuncias de corrupción”.
Así, la tensión ha vuelto al Legislativo. Similar situación marcó los procesos de designación de los vocales electorales, del Defensor del Pueblo o del Contralor.
Este viernes el pleno sesionará para definir el reglamento y la convocatoria de las postulaciones en medio de una marcada polémica por la transparencia del proceso. Se prevé lanzar la convocatoria este lunes 6 de agosto y recibir las postulaciones desde el día siguiente. 01/08/2018)
