Miembros de la misión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza respondieron al Gobierno boliviano que esta instancia no es una Organización No Gubernamental (ONG), sino un tribunal que nace en la sociedad civil. Asimismo, sus miembros anunciaron que presentarán un informe sobre el caso del TIPNIS a finales de septiembre.
Los miembros de esta misión realizan una visita a Bolivia para recabar información sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Fueron recibidos en la comunidad Trinidadcito, donde entrevistaron a los indígenas, y también intentaron un proceso similar en el Polígono 7, pero un bloqueo de colonos impidió su arribo.
“Es tribunal no es una ONG, este tribunal es una asociación de personas y de organizaciones que están interesadas en proteger la Madre tierra. Es muy importante para nosotros escuchar a todas las partes, hemos venido de forma pacífica y nuestro interés es informarnos”, afirmó el ecuatoriano Alberto Acosta, miembro de esta comisión.
Detalló que el tribunal está constituido por organizaciones y personalidades, entre ellas citó a la pensadora ecofeminista Vandana Shiva o el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos. Agregó que no es la primera vez que se confirma un tribunal desde la sociedad civil y recordó el Tribual Russell, creado para juzgar los crímenes de guerra en Vietman. “La sociedad civil no puede esperar que los gobernantes se pongan de acuerdo”, explicó.
Horas antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el «autodenominado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza» es en realidad una “red de ONG” que «no tiene estatus oficial” porque no pertenece a ninguna instancia de Naciones Unidas ni de la OEA y que es parte The Global Alliance for the Rights of Nature.
«El Gobierno está mostrando una espíritu de absoluta apertura dado que esta red de ONG no tiene ningún status oficial», explicó la autoridad tras informar que el Gobierno accedió a darles una audiencia.
Enrique Viale, abogado argentino y miembro de la misión, detalló que se está realizando un informe con los testimonios que se han recogido en las comunidades indígenas y se había previsto también tomar en cuenta la opinión de los colonos, pero como hubo una retención fue imposible realizar ese trabajo
“El informe los tendremos terminado a fines de septiembre para entregarlo en el encuentro internacional que va a ser en Quito”, explicó que luego habrá una deliberación y una toma de decisión que se comunicará a todas las instancias que correspondan. (20/08/2018)
