El Gobierno de Chile expulsó hoy del país a 69 bolivianos y 8 peruanos que cumplían condenas en cárceles chilenas, principalmente por narcotráfico, informaron fuentes oficiales.
Dos autobuses salieron de Santiago con 26 detenidos en dirección al norte del país, mientras el resto de extranjeros expulsados se incorporarán en las localidades de Illapel y Antofagasta.
Otro autobús saldrá de forma paralela desde la norteña ciudad de Iquique y los condenados serán entregados por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en la frontera de sus respectivos países, detalló el Ministerio del Interior.
La mayoría de los expulsados cumplen condenas en Chile por tráfico de drogas, aunque hay también un boliviano condenado por violar a una niña de 12 años en 2013.
Este es el cuarto operativo de este tipo que se lleva a cabo desde que el conservador Sebastián Piñera llegó a la Presidencia en marzo pasado.
Piñera, en su cuenta oficial de twitter, reiteró la política de su Gobierno, que incluye no permitir la entrada o expulsar a los inmigrantes que delinquen.
«En materia de Migración nuestra política es clara: recibir a aquellos que respetan nuestras leyes y vienen a iniciar una mejor vida aportando honestamente. Y no dejar entrar o expulsar aquellos que entran ilegalmente, tienen antecedentes criminales o cometen delito en nuestro país», precisó el mandatario.
En lo que va de año, las autoridades chilenas han expulsado del país a 1.187 extranjeros que cometieron delitos o que se encontraban en Chile de manera irregular.
La semana pasada, el Gobierno expulsó en un avión de la Fuerza Aérea a 51 colombianos que habían cometido delitos y cumplido condenas tanto en territorio chileno como en su país de origen.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, supervisó la deportación y salió al paso de las críticas que estas expulsiones han generado entre algunas asociaciones de ayuda a los migrantes.
«Creo que ponerlo en nivel de circo no es respetar los derechos humanos de las propias personas y no entender nada, minimizan el efecto que tiene en un país que tiene una política migratoria ordenada», señaló a los periodistas.
Ubilla consideró que no hay ninguna razón para ocultar las expulsiones porque el Gobierno no está infringiendo la ley, y subrayó que más del 95 % de los expulsados hasta el momento tenían una orden judicial para abandonar el país después de ser condenados. (23/08/2018)
