Tras las violentas jornadas suscitadas en La Asunta —primero el miércoles 24 de agosto, en la que un enfrentamiento entre cocaleros y la Policía dejó un efectivo de la institución del orden muerto, y otra el 29 del mismo mes, cuando dos campesinos fallecieron en una supuesta emboscada en la que los policías dispararon “en defensa propia”—, el Gobierno dijo este domingo que una red criminal secunda al líder de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, enfatizando en que sus miembros avasallan, abusan de su poder, amenazan, secuestran e incluso cometieron asesinatos en contra de aquellos se niegan a incumplir con las disposiciones de la Ley General de la Coca. Asimismo, el Ejecutivo reiteró que súbditos extranjeros habrían entrenado a esta gente y a cocaleros en el uso de armas de fuego.
“Es una organización con fines criminales que viene operando en la zona hace bastante tiempo, no solamente en el tema de la coca porque recordemos que se han registrado en la prensa nacional hechos violentos en Arcopongo, Choro Alto y otros lugares a propósito de avasallamientos mineros donde un grupo irregular utilizando armas de fuego viene cometiendo una serie de ilícitos en la zona”, declaró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista con el programa radial El pueblo es noticia de Radio Patria Nueva este domingo.
“Fuerzas irregulares armadas que de acuerdo con versiones de los lugareños han sido entrenadas por extranjeros colombianos en el uso de armas de fuego han venido provocando un sistemático terror, violencia y muerte en la zona y no solamente contra la Policía, también contra autoridades locales, organizaciones sociales y ciudadanos que no se alinean a su posicionamiento de evitar la acción del estado en las tareas de erradicación de cultivos de hoja de coca (excedentaria) y en los patrullajes de inspección”, acotó la autoridad.
Romero explicó que Gutiérrez y los sindicatos que le siguen quieren evitar a cualquier costo se aplique la Ley General de la Coca que divide las zonas en una tradicional y legal, en la que están permitidos los cultivos de la hoja, y otras zonas que están fuera del cordón tradicional donde las siembras son ilegales, es decir que son plantaciones no reconocidas para el consumo tradicional.
Aclaró que en el conflicto no se extiende a toda la región yungueña de La Asunta, sino solo a una zona claramente identificada donde dos sindicatos de los seis articulados en torno a la central de Pueblo Unido, y que forman parte de San Antonio, resisten la erradicación de cultivos de hoja de coca.
El Ministro también afirmó que el Gobierno no va a impedir movilizaciones pacíficas y no desarrollará nuevas incursiones en La Asunta que propicien nuevos choques entre policías y cocaleros pero aseveró que no se trata de una causa legítima y defendible, además aseguró que el Estado no renunciará a la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.
La violencia en La Asunta se desató en el último tiempo con enfrentamientos y emboscadas entre efectivos policiales y cocaleros, acciones que derivaron en la muerte de un policía, dos campesinos y varios heridos.
Adepcoca pidió al Gobierno una serie de requerimientos para instalar una mesa de diálogo ante los últimos incidentes: abrogación de la Ley General de la Coca, que se autorice a cerca de 20.000 afiliados cultivar una hectárea y la administración de recursos económicos provenientes de organismos internacionales.
Una marcha que partió de La Asunta esta semana y que se calcula llegue entre el lunes y martes a la ciudad de La Paz es protagonizada por miles de cocaleros, entre los que se hallan mujeres y niños. Demandan las peticiones citadas líneas arriba y castigo a los asesinos de los dos cocaleros.
(02/09/2018)
