La marcha de cocaleros de La Asunta y otras regiones yungueñas, que exige el esclarecimiento de la muerte de dos cocaleros acusados de ser francotiradores y la liberación del dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, ingresa este lunes a La Paz y se apresta a tomar las calles del centro de la urbe en medio de una contraofensiva del Gobierno que denunció objetivos políticos y vínculos con una red criminal.
El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, denunció más temprano que la movilización “se ha politizado” y que busca desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.
“Estamos muy alarmados al presente porque todo esto ya se ha politizado (…), hay pedido de que tiene que respetarse el 21F, eso ya lo torna político, están participando gente de la universidad (UMSA) de Waldo Albarracín, gente de Urus, Urma, de los profesores de la ciudad de La Paz, están participando muchos actores políticos, la Gobernación de La Paz, la Alcaldía de El Alto está coordinando para que hoy salga mucho más fuerte”, denunció.
Bajo ese argumento, aseguró que “en el fondo están buscando la desestabilización del presidente Evo Morales, esto nos preocupa. Pensábamos que eran por problemas gremiales, pero nos damos cuenta que tiene tintes absolutamente políticos”. Las entidades citadas han anunciado su respaldo a la protesta.
Gutiérrez fue detenido en la cárcel de San Pedro tras dos enfrentamientos entre los productores de la hoja y la Fuerza de Tarea de Conjunta (FTC), que dejó como saldo dos caleros y un oficial de la Policía fallecidos.
El ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Tito Flores, anunció que los cocaleros alistan un “pliego abierto con todas las organizaciones” con las que prevén instalar un cabildo en la plaza San Francisco.
La semana pasada, los cocaleros habían paseado a sus difuntos por varias calles de la sede de gobierno e instituciones como la Fiscalía para exigir justicia.
Si no son atendidas las demandas en 24 horas, “declararemos 90 días de lucha permanente con movilizaciones, bloqueos de caminos, inclusive vamos a pedir la renuncia de Evo Morales y cárcel para (el ministro de Gobierno, Carlos) Romero”, sentenció.
Cocarico, en una conferencia de prensa en la que mostró mapas con las zonas ilegales de cultivo de la hoja de coca en La Asunta, instó a la población a “que tengan muy en cuenta esos aspectos” y ayude a “que llegue la cordura” a los movilizados para permitir que se continúe con las labores de interdicción.
Con base en esos datos, el ministro explicó que el problema solo radica en La Asunta donde “después de 10 año se quiere duplicar productores”, puesto que en el sector tradicional ubicado en los municipios de Coroico, Coripata, Chulumani y Yanacachi, entre otros, “no tenemos ningún problema”.
Según el último informe de Cultivo de Coca presentado hoy en La Paz por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y el gobierno de Bolivia, en 2017, la cantidad de cultivos de hoja de coca en Bolivia subió en 6% en comparación con el año anterior.
En este período, la superficie cultivada aumentó en 1.400 hectáreas (ha), de 23.100 hectáreas en 2016 a 24.500 hectáreas en 2017. La mayor parte del incremento se dio en la zona del Trópico de Cochabamba.
Cocarico aseguró que los cultivos excedentarios “también no tiene que pasar” en esa región cochabambina, aunque, dijo, “tenemos coordinación con la organizaciones sociales, se erradica, se racionaliza. El año pasado hemos erradicado 5.600 hectáreas”.
La meta de erradicación del Gobierno para este año en el Chapare es de 7.000 hectáreas, mientras que en los Yungas de La Paz 1.500 hectáreas. “La coca excedentaria, quieras o no, sea de un lado o el otro, se destina al narcotráfico y eso no podemos proliferar”, sentenció. (03/09/2018)
