El Gobierno admitió este miércoles que está preocupado por el curso que tomó el conflicto con los cocaleros de La Asunta, pero reiteró que no cederá a sus pedidos para aumentar la cantidad de cultivos legales en esa zona ni retirar a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encargada de la erradicación de cultivos ilegales.
“Siempre es una prolongación del conflicto y esto nos preocupa”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, cuando fue consultado sobre el efecto que tendrá en la movilización de los cocaleros yungueños la postergación, hasta el lunes, de la audiencia judicial en que se decidirá el futuro de su principal dirigente, Franclin Gutiérrez.
Cientos de cocaleros de esa zona de los Yungas llegaron a La Paz a principios de semana para reclamar por la liberación de Gutiérrez, quien se encuentra detenido preventivamente acusado de cinco delitos y cuya audiencia judicial debió realizarse este miércoles.
Cocarico dijo que en este tema el Gobierno no puede hacer nada, ya que es un asunto de competencia de la Justicia, pero reiteró que es imposible atender las otras dos demandas que tienen los productores de La Asunta: la derogación de la Ley de la Coca, que fija las zonas de producción lícita del arbusto, y el retiro de la FTC de la zona.
“Lo único que estamos pidiendo es respetar las áreas de producción legal establecidas en la ley…No podemos aceptar más expansión de la coca”, afirmó, tras mencionar que los sectores movilizados estarían buscando que se legalicen unas 2.000 hectáreas de coca más en la zona.
Dijo que actualmente se producen 6.600 hectáreas de coca sólo en el municipio de La Asunta y 7.200 hectáreas en los restantes cinco municipios dedicados producción tradicional, por lo que sería un exceso aumentar esa cifra en 2.000 más.
Respecto a la FTC, dijo que tampoco se puede renunciar a las labores de erradicación y racionalización que realiza este grupo, ya que su trabajo consiste en impedir la producción de materia prima para el narcotráfico.
No obstante, reiteró la apertura del Gobierno al diálogo, aunque lamentó que los cocaleros hayan rechazado una iniciativa para ello de la Defensoría del Pueblo. (05/09/2018)
