Pasaron 3.650 días de la denominada “masacre de Porvenir” y aún persiste el pedido de justicia por la muerte de 11 campesinos. El principal acusado, el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, fue condenado por este caso.
Hoy se cumplen 10 años de los hechos del 11 de septiembre de 2008, cuando en Porvenir, Pando, 11 campesinos y dos funcionarios de la entonces Prefectura de ese departamento murieron en medio de una crisis política activada por el debate de la nueva Constitución Política del Estado que finalmente se promulgó en 2009.
Fernández fue condenado a 15 años de cárcel en 2017 por la muerte de los campesinos, pero la justicia aún no estableció responsabilidades por la muerte de los funcionarios regionales. El exprefecto, afectado por problemas renales severos, cumple su condena bajo la modalidad de detención domiciliaria.
“Esperamos siquiera una libertad condicional”, afirmó la senadora pandina por Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales. Fernández fue procesado por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves; junto a la exautoridad fueron procesados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir, y los funcionarios Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano.
“La justicia no fue imparcial; tuvimos bastantes presos políticos, gente perseguida”, consideró la legisladora elegida por Pando.
La abogada de las familias de los campesinos muertos, Mary Carrasco, sostuvo que la sanción debería ser más drástica. Recordó que hace 10 años, un grupo de campesinos junto a normalistas se trasladaban a Cobija, Pando, para tomar las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y proteger sus derechos de titulación, además de defender el proyecto de Constitución que planteó el MAS en el debate. Funcionarios de la Prefectura, que era opuesta al gobierno de Evo Morales, cavaron zanjas para evitar que los campesinos lleguen a Cobija.
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