Minutos después de las 09.00 y en medio de la polémica, la Asamblea Legislativa Plurinacional instaló la sesión en la que se designará, entre 26 postulantes, al nuevo Fiscal General del Estado que reemplazará a Ramiro Guerrero.
Legisladores de Unidad Demócrata (UD) han cuestionado en las horas precedentes al proceso de selección de candidatos para ese cargo que comenzó el 7 de agosto.
Denunciaron que hubo manipulación del oficialismo para “garantizar” la presencia de un afín a la administración del presidente Evo Morales.
“Denunciamos que el MAS está repitiendo los mismos vicios en que incurrió para la elección de jueces y miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). (Vemos) un proceso de selección manipulado, dirigido para asegurarse que quienes queden sean personas afines al MAS”, indicó ayer el senador Oscar Ortiz, en una conferencia de prensa.
La premisa fue respaldada por varios de sus colegas en las horas posteriores para anunciar que no avalarán con su voto la designación de la nueva autoridad. También han cuestionado los mecanismos de calificación.
El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputado David Ramos, calificó como un show político y recordó que la representación de los opositores en la Comisión de Justicia Plural participó de todo el proceso e inclusive asignó notas en las evaluaciones, por tanto no pueden, a su juicio, excusarse de esa responsabilidad.
El polémico caso Alexander que, tras la filtración de un audio, puso en tela de juicio la labor del Ministerio Público y la Justicia, además de las exigencias de respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 marcan el debate legislativo.
La designación del nuevo Fiscal General se vio demorada porque se ajustó el orden del día para introducir, tal como habían anticipado legisladores del oficialismo, el tratamiento del decreto presidencial de amnistía que favorece a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.
Ese tema también provocó tensión en el pleno camaral por el cruce de acusaciones en torno a una presunta persecución política.
Ambos exmandatarios son procesados por los casos Quiborax y Petrocontratos, respectivamente. (09/10/2018)
