Por medio de un comunicado, la familia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada aclaró este lunes que la demanda por gastos judiciales abierta en Estados Unidos no es contra los familiares de las víctimas de octubre de 2003 sino contra sus abogados que «facturan millones» y que perdieron el juicio.
Además informó la familia que el dinero que logren será depositado en una cuenta a favor de los familiares de las víctimas de octubre de 2003, cuando una revuelta social dejó más de 60 muertos y derivó en la dimisión de Sánchez de Lozada.
«Los abogados de la defensa del Ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada han presentado un memorial exigiendo que los abogados acusadores -que pertenecen a una firma de abogados que factura cientos de millones de dólares- cubran una parte menor de los gastos judiciales incurridos durante el juicio» (sic), se lee en el comunicado.
La reacción se dio luego que el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe, informara la mañana de este lunes que hace una semana fueron notificados sobre el juicio civil que se instauró en Estados Unidos, impulsado por Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín.
“Es muy preocupante porque ahora las víctimas son las demandadas, ya que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín iniciaron un proceso civil en Estados Unidos a los nueve compañeros por daños y perjuicios que habrían sufrido al erogar en abogados y otros gastos judiciales”, afirmó.
Un jurado civil de Estados Unidos declaró en abril de 2018 a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, responsables de las ejecuciones extrajudiciales durante la llamada «Masacre de octubre». Determinó una indemnización de $us 10 millones a familiares de ocho víctimas mortales. El juez James Cohn anuló en mayo la sentencia y el caso quedó para apelación.
Según el comunicado de la familia de Sánchez de Lozada, la defensa del exmandatario se comprometió, por escrito, que el monto asignado será depositado en una cuenta que posteriormente será entregado a los familiares de las víctimas.
«Somos solidarios con las familias afectadas y no queremos aumentar su angustia. Tanto la Ley en Estados Unidos como La Ley Boliviana establecen que los abogados de los perdedores de un juicio deben pagar los costos», señala el comunicado, en cuya parte final se lamenta «la manipulación de la información de parte de los abogados demandantes». (08/10/2018)
