En medio de cruces de acusaciones en torno a una presunta persecución política y sin el voto opositor, el oficialismo aprobó este martes el Decreto Presidencial 3682 de Amnistía para los expresidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) por los casos Petrocontratos y Quiborax, respectivamente, y descartó que el beneficio se amplíe a otros opositores.
Tal como habían anticipado legisladores del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), en la sesión destinada a la designación del Fiscal General del Estado se ajustó el orden del día para introducir el asunto, que tras casi cinco horas concluyó con la aprobación de la normativa..
El acalorado debate se centró en los pedidos de los opositores de ampliar el beneficio a otros contrarios al gobierno que, para ellos, son “perseguidos” de la administración del presidente Evo Morales.
Así, surgieron como el de Leopoldo Fernández que tiene a cuestas el caso Porvenir; Zvonko Makovic o Gary Prado por el caso Hotel Las Américas; Branko Marinkovic por los movimientos autonomistas, de Samuel Doria Medina, procesado por el caso Focas referido al proceso de capitalización, e inclusive del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, procesado por el caso Mochilas.
“Las mismas estadísticas de Naciones Unidas, hablan que cerca de 900 bolivianos viven oficialmente en refugio en otros países. Tenemos muchas familias que se han visto desintegradas”, reclamó el senador de la opositora Unidad Demócratas (UD) Óscar Ortiz al comienzo del debate.
A la propuesta se sumaron varios legisladores de esa tienda política que recordaron que el pedido no era nuevo.
Por su lado, la diputada de Partido Demócrata Cristino (PDC) Norma Piérola cuestionó el uso electoral del beneficio y la demanda marítima que era el fin sobre el cual el presidente Evo Morales habían planteado la amnistía para ambos exgobernantes, previo al resultado adverso de La Haya.
Todos los detractores recordaron que Mesa y Quiroga reivindicaron su inocencia y plantearon que no se debe presumir su culpabilidad. Asimismo, elevaron críticas por la derrota de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, subrayó que la amnistía “no constituye una definición de culpabilidad”, sino lo que perdona es la acusación en cualquier estación del proceso a diferencia del indulto que “perdona la pena, la sanción”.
Así, descartó la propuesta de ampliar el beneficio y comunicó la postura del oficialismo: “¿Es posible dar amnistía a personas que cometieron delitos de lesa humanidad o de terrorismo que ha implicado la muerte de personas, la pérdida de vidas humanas? Nosotros creemos que no y esa respuesta es categórica”.
“Tiene que saberse en el país que Bolivia como Estado y como pueblo, nunca va aceptar que haya personas que pretendan usar el terrorismo como método político, que los delitos de lesa humanidad cometido contra bolivianos puedan amnistiarse”, insistió.
Ahora, de acuerdo a norma, el presidente Morales debe rubricar la norma y Mesa y Quiroga deben enviar sus pedidos de amnistía ante la “autoridad competente” que debe responder en tres días. (09/10/2018)
