Fausto Juan Lanchipa Ponce jurará como nuevo Fiscal General del Estado el martes 23 de octubre en un acto en La Paz, con el reto de reformar la Justicia y remozar la imagen del Ministerio Público que hasta ese día dirigirá Ramiro Guerrero.
“El día martes 23 va ser la posición del nuevo fiscal, ya fue elegido por la Asamblea y estamos invitado a todos. Va ser en la Vicepresidencia a las 10.00”, indicó este jueves el vicepresidente del Estado, Álvaro García, en una rueda de prensa improvisada.
En una entrevista con La Razón que se publicó en la edición impresa el 11 de octubre, dos días después de ser elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunció una reestructuración total de la entidad que incluye el cambio de todos los fiscales departamentales.
“Ninguno de los nueve fiscales departamentales es institucionalizado, por lo que no pueden solicitar permanecer en el cargo. Nosotros vamos a buscar personas que estén acordes a este nuevo plan modelo de gestión fiscal, que conozcan y tengan el objetivo nuestro y la mente clara sobre los cambios que amerita la institución”, sostuvo.
El nuevo Fiscal General del Estado tiene el grado de licenciado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y cursó una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar.
Asimismo, Lanchipa presidió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en 2010 y antes ejerció el cargo de juez. También estuvo al frente de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), que fue creada para encarar el trabajo técnico de la demanda marítima ante la corte de La Haya.
Antes de asumir el nuevo cargo, se aleja de la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
En tanto, Guerrero dejará el Ministerio Público con la sombra del caso de la violación y muerte del bebé de ocho meses Alexander que data de 2014 y que en septiembre de este año dio un giro inesperado.
Cuando asumió al cargo, el 23 de octubre de 2012, la autoridad saliente había anunciado que “hemos venido a transformar la Justicia”,
La filtración de un audio en el que la ahora exjueza Patricia Pacajes admite, bajo el influjo del alcohol, que se condenó a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, principal acusado, sin suficientes pruebas activó la polémica. Luego, la Fiscalía admitió que no habián pruebas científicas que lo incriminen.
La trama puso en evidencia varias supuestas irregularidades en el proceso, presiones de autoridades del nivel central y la Fiscalía. Ahora, el caso es revisado por una comisión de alto nivel de la Fiscalía por orden de Guerrero. (18/10/2018)
