El papel del MNR que evitó juicios, la falta de representación política de víctimas y el golpe de Luis García Meza en 1980 truncaron el juicio a autores de la Masacre de Todos Santos de 1979, según activistas, víctimas y la Comisión de la Verdad.
Hace 39 años, entre el 1 y 16 de noviembre, al menos 100 civiles murieron y otros 60 resultaron heridos a manos de los militares que sacaron tanques y helicópteros para reprimir a la población que protestaba por el golpe que el entonces coronel Alberto Natusch Busch dio la madrugada del 1 de noviembre junto a dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) liderados por el extinto Guillermo Bedregal.
Casi cuatro décadas después, los pocos sobrevivientes mueren cada año, sin que se haya reparado el daño que sufrieron ellos y sus familias. “A mí, que me dispararon en el estómago, después me torturaron y finalmente me exiliaron, pero me rechazaron cuando intenté pedir un resarcimiento por ser víctima de la dictadura”, cuenta el artista Édgar Arandia, universitario en 1979 y que fue reprimido por los militares cuando intentaba hacer escapar a unos niños que jugaban por el centro paceño ante el asedio militar.
Trabas. Roberto Quiroz, abogado y activista de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), sostiene que el accionar del MNR fue vital para evitar procesos penales en los años posteriores.
“La participación política del MNR, hablo de Bedregal, Fellman Velarde y otros, que tenían representación parlamentaria, hizo que rechazaran cualquier intento de enjuiciar a los autores”, insiste.
Fernando Rodríguez, secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, que en 2017 fue posesionada para investigar las muertes en las dictaduras militares de 1964 a 1982, coincide con Quiroz. “Quienes eran gobierno antes, como el MNR, que tuvo una participación de complicidad, como Bedregal, no generaron ninguna instancia, ninguna comisión para que se investiguen las muertes”.
El segundo aspecto es la falta de representación política de las víctimas. “Muchos de los que murieron no eran militantes políticos, eran civiles pertenecientes a familias humildes”, refiere.
Eloy Colquillo, de 68 años, y que en 1979 era dirigente sindical, vio caer a sus compañeros en la plaza San Francisco y ahora aún lucha con la plataforma de víctima de dictaduras militares en El Prado y admite que no pudieron reclamar ante instancias internacionales. “Muchos no sabíamos leer y escribir, éramos del campo. Años después intentamos conseguir el resarcimiento de parte del Estado, pero también nos rechazaron pese a que fuimos víctimas ese 79”, reniega el hombre.
Arandia corrobora: “Muchos eran analfabetos, no sabían leer y escribir, y no sabían de presentar papeles cuando nos pidieron”.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, admite que “no se pudo hacer una representación internacional, pero esperamos que la Comisión de la Verdad indague”.
Rodríguez da cuenta de que aún siguen recibiendo testimonios y documentación “para ahondar en las causas al origen del golpe de Natusch Busch”.
La terca causa es para Carvajal y Rodríguez el golpe del 17 de julio de 1980, encabezado por Luis García Meza, y que de alguna manera eclipsó el de 1979.
“Los muertos de la Masacre de Todos Santos son los grandes olvidados; meses después se dio el golpe de García Meza, pero todo se olvidó después”, dice Carvajal.
