Un día después de que se conocieron en el Legislativo los detalles del informe de la comisión que investigó el caso Odebrecht- Lava Jato, el abogado y exministro del expresidente Carlos Mesa, Carlos Alarcón, concluyó que ese documento pone en evidencia que no existen pruebas en contra de su defendido, sino únicamente sospechas sobre sus movimientos de cuentas y algunos viajes que realizó.
Durante una entrevista con radio Éxito, dijo que cuatro personas son claramente identificadas como sospechosas de haber recibido sobornos para la construcción de carreteras, mientras que “con relación a Mesa solo se pide que se investigue alguna cuenta que se considera inusual sobre la base del informe de la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)”.
Dijo que en este caso no existe ninguna traba para profundizar esta investigación, ya que en octubre de este año, tanto él como Mesa, levantaron su secreto bancario, por lo que cualquier persona puede acceder a sus movimientos de cuenta.
No obstante, lamentó que la presidenta de la comisión, la diputada oficialista Susana Rivero, haya realizado una interpretación sesgada de ese trabajo para insinuar que Mesa es uno de los principales sospechosos de haber recibido sobornos, lo que en su criterio responde a una estrategia política para dañar la imagen del candidato de oposición mejor ubicado en las encuestas para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2019.
“Quieren retirarlo al expresidente Mesa del juego electoral. No descartamos que también quieran inhabilitarlo”, afirmó.
Denunció además que los denominados “movimientos sospechosos de cuentas” atribuidos a Mesa y algunos de sus colaboradores, entre ellos el propio Alarcón, se refieren a transacciones bancarias legales y justificables.
Puso como ejemplo la observación que existe a un movimiento de cuenta que él hizo en el año 2005. Explicó que se trató de un contrato de consultoría que hizo con el Ministerio de la Presidencia en la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé, para elaborar un proyecto de decreto que viabilizó las elecciones de 2005.
“En ese contrato el Ministerio me hizo la retención de los respectivos impuestos y se quedó a cargo de pagar esos impuestos. Tal vez no pagaron y entonces detectaron algo inusual”, afirmó, para luego insistir en que sus movimientos de cuenta, como los de Mesa, están abiertos a cualquier investigación.
Sobre las cuatro personas con sospechas de estar involucradas en la presunta recepción de sobornos, dijo que, según la comisión, se trata de Carlos Eduardo Morales Landívar, exministro de Obras Públicas de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente general del Servicio Nacional de Caminos (SNC); Luis Humberto Landívar Pereira, exgerente de Construcción del SNC y Mariano Avelino Moreno Viruez, exministro de Obras Públicas de Eduardo Rodríguez Veltzé, por una relación empresarial con la empresa Camargo Correa.
