El encargado de Negocios de Estados Unidos, Bruce Williamson, fue convocado a la Cancillería luego del informe estadounidense que observó la lucha contra la trata y tráfico de personas y el trabajo infantil. En la cita se explicó los avances bolivianos y se creó mecanismos de «contacto» e intercambio de información.
El canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, informaron en conferencia de prensa conjunta sobre las acciones asumidas luego que se conociera que la administración de Donald Trump instruyera bloquear créditos multilaterales que no sean humanitarios y amenazara con sacar a Bolivia del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP).
Para el lunes 4 fue convocado Williamson, a quien se le informó y explicó sobre todo lo hecho en materia de reducción del trabajo infantil y la lucha contra la trata y tráfico de personas.
«Se le ha hecho notar que varias observaciones de ellos no concuerdan con la realidad porque muchos de los puntos tienen avances (…) El informe de EEUU observa que Bolivia no tiene un plan multisectorial, pero Bolivia ya aprobó un plan el 26 de mayo de 2017 y éste tiene cinco dimensiones como la prevención, protección, persecución y sanción penal», explicó Pary.
Fue atribuida a una falta de información el infirme estadounidense, por lo que ambas representaciones decidieron crear un mecanismo de consultas.
«Se ha acordado trabajar de manera más coordinada con el Encargado de Negocios para lo cual se establecerá dos puntos focales de contacto entre el Estado Boliviano y el Gobierno de Estados Unidos: uno de ellos será la Cancillería y el otro punto el Ministerio de Justicia para un intercambio de información y diálogo constante entre los dos países», destacó.
El fin de semana se reportó que la administración de Donald Trump emitió un Memorándum Presidencial en el que dispone sanciones contra países como Bolivia por no cumplir estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas. Instruyó a su representante en bancos multilaterales oponerse a préstamos que no sean para asistencia humanitaria.
Otro aspecto observado fue los avances en la reducción del trabajo infantil y Washington advirtió que Bolivia corre el riesgo de quedar fuera del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP), un programa de preferencias comerciales de los Estados Unidos que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías y abarca más de 5.000 productos importados de casi 140 naciones en desarrollo. Entran al mercado estadounidense exentos de impuestos y derechos aduaneros.
Pary aseguró que sobre el trabajo infantil en Bolivia fueron resueltas varias de las observaciones en la reunión con Williamson, quien además reconoció que hubo un mal enfoque respecto a sus apreciaciones como Estado y que está abierta a las aclaraciones pertinentes.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley que modifica 11 artículos del Código Niña, Niño y Adolescente para adecuarlos a una sentencia constitucional de julio de 2017 que determina que la edad mínima para el trabajo de niños y adolescentes es a partir de los 14 años. De esa forma se anula la excepción para el trabajo de los niños, niñas y adolescente de 10 a 14 años.
Arce indicó que en esta jornada el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas se reunió para analizar el informe estadounidense y concluyó que es «absolutamente injustificado».
«Es una situación que no corresponde a la verdad porque está basado en datos que no corresponde a la realidad», dijo y adelantó que Bolivia presentará su informe sobre la lucha contra la trata y tráfico no solo para el conocimiento de EEUU sino de la comunidad internacional. (06/12/2018)
