Bolivia hará una representación discreta a Brasil por la declaración del diputado Rodrigo Amorim que menospreció a los pueblos indígenas, pero en el ámbito multilateral prepara una queja por “racismo de Estado” ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Vamos a usar los mecanismos diplomáticos que no son públicos (…). Tenemos una relación directa y transparente, de Estado a Estado, con Brasil”, declaró ayer el canciller Diego Pary sobre las acciones que puede asumir el país ante la postura que tomó Amorim.
El legislador brasileño, quien pertenece al partido del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó: “A quien le gusten los indios que vaya a Bolivia, que además de ser comunista todavía está presidida por un indio”.
Elegido por el estado de Río de Janeiro, Amorim formuló esa declaración para referirse al área urbana conocida como Aldea Maracaná, próxima al estadio de fútbol homónimo, que suele albergar a familias indígenas. El diputado consideró que se debe hacer “una limpieza” para habilitarla un estacionamiento de unas 14 hectáreas.
El viceministro de Descolonización boliviano, Félix Cárdenas, afirmó que la postura es el inicio de un proceso de “racismo de Estado” que no solo afecta a Bolivia, porque implica “una serie de riesgos” para Brasil y otras naciones del mundo. Con Bolsonaro, “el racismo es una política de Estado desde Brasil, desde su presidente, desde su gobierno”, remarcó la autoridad a la red Erbol.
Cárdenas precisó que, en coordinación con la Cancillería, Bolivia presentará un informe en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que está afincada en Ginebra (Suiza).
De acuerdo con el cronograma de esa entidad internacional, Bolivia rendirá ese informe el 5 de noviembre, en el marco de la 34 sesión de trabajo. “Este año está dedicado al tema de racismo y discriminación”, anticipó Cárdenas.
“Vamos a incorporar ‘racismo de Estado’ en el informe EPU, la evaluación periódica universal de las Naciones Unidas, y vamos a denunciar a Brasil por iniciar un proceso de racismo y discriminación, pero no solo contra Bolivia, sino contra todos los pueblos indígenas”, precisó Cárdenas.
Pary recordó que la ONU trabajará este año en la revalorización de las lenguas indígenas y que, en esa medida, Bolivia desarrollará varias actividades de alcance global. Sobre las acciones de alcance multilateral, la autoridad fue más prudente. “Existen los procedimientos necesarios en estos casos, existen las instancias necesarias, serán éstas las que corresponde pronunciar”, apostilló.
El gobierno de Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero, no ha hecho, hasta el momento, ninguna aclaración respecto a los criterios del legislador carioca.
Cárdenas espera que el gobierno de Bolsonaro explique el alcance de las declaraciones de Amorim.
