En los últimos seis meses, cuatro secuestros vinculados con delitos del narcotráfico encendieron la alerta de la fuerza antidrogas del país, puesto que esta modalidad delictiva no se había presentado con anterioridad en Bolivia.
Un reporte de la Unidad de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) advirtió que el método fue “mutado” (copiado) de México, es decir, que los denominados “narcosecuestros” se ejecutan por narcotraficantes que entregan droga para que sea vendida; pero si este objetivo no se cumple con el pago por el estupefaciente, se produce el plagio hasta lograr ese monto.
Este hecho fue corroborado a La Razón por el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien aseguró que ya se tomaron previsiones y se puso en alerta a la Policía Boliviana ante los últimos raptos suscitados en el país.
“Hemos pedido modificar el método de trabajo de la Unidad de Inteligencia para detectar estos casos que llegaron a Bolivia y nos preocupan. Hay que realizar un trabajo diferenciado para investigar los secuestros relacionados con el narcotráfico como ocurre en otros países de América”, indicó Cáceres. No detalló los cambios por razones de seguridad.
En ese sentido, el primer caso de 2019 se registró el 3 de enero, cuando grupos de élite de la Policía desarrollaron un operativo en Cochabamba en busca de un ciudadano chileno, Camilo C. C., quien fue secuestrado en Iquique (Chile) y luego trasladado a Bolivia. Los secuestradores eran cuatro bolivianos y dos colombianos que pretendían cobrar $us 40.000 por la liberación. El extranjero fue rescatado.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que ese caso fue por tráfico de drogas, o sea, que los secuestradores con el rapto pretendían cobrar una deuda de narcotráfico y que el secuestrado tenía nexos con traficantes. “Se intensificarán los trabajos para evitar estos hechos que llegaron al país”.
Según los datos de la FELCN y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en 2018 se registraron al menos cuatro “narcosecuestros” en el país: dos en Santa Cruz, uno en Challapata (Oruro) y otro La Paz. Los autores, lejos de exigir dinero por el rescate de sus víctimas, pidieron el pago de deudas ligadas al narcotráfico.
Estos casos que salieron a la luz pública tenían como objetivo la recuperación de deudas que iban desde $us 50.000 hasta $us 700.000. No se descarta que se hayan registrado otros casos no denunciados.
Entre los casos de 2018 está uno de octubre, cuando un joven, Willy P., fue secuestrado en Montero (Santa Cruz) por una banda de criminales de Brasil con nexos con el Primer Comando Capital (PCC). Los brasileños intentaron cobrar $us 80.000, pese a que lo asesinaron.
A principios de noviembre, tres ciudadanos peruanos y dos bolivianos secuestraron en Challapata (Oruro) a Maribel C. por una deuda de un cargamento de marihuana. Los antisociales exigían $us 700.000, pero la Policía rescató a la mujer implicada. En septiembre, en esta misma región se halló el cadáver de un hombre plagiado en Santa Cruz y asesinado porque no se pagó $us 60.000.
En La Paz, en diciembre la Policía frustró el secuestro de Adolfo B., quien transportaba droga a Chile.
