El Gobierno informó este viernes que se identificó a un grupo criminal como el responsable de los actos de corrupción en las pruebas de admisión de la Academia Nacional de la Policía (Anapol) y otros institutos, caso por el cual ya están detenidas dos personas, entre ellas un teniente, que serán procesadas por seis delitos.
Molesto, el presidente Evo Morales ordenó la mañana de este viernes la anulación de las evaluaciones y la realización de nuevos exámenes con, inclusive, la presencia de fiscalizadores como la Defensoría del Pueblo. Asimismo, urgió erradicar la corrupción.
Horas después y en una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló: “estamos en presencia de una asociación criminal en la que han participado algunos miembros de la institución policial, dos empresas externas que presumiblemente seas falsas y algunos profesionales vinculados al procedimiento de evaluación”.
Asimismo, anuncio que el Ministerio de Gobierno y la Policía auspiciarán una querella por los presuntos delitos de asociación criminal, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, entre otros, por la “suplantación de pruebas”.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Jhonny Aguilera, anunció en la misma conferencia que dos personas fueron detenidas por este escándalo en la academia policial al ser “encontradas con elementos constitutivos de delito”
“Estamos en la condición de acreditar varios niveles de responsabilidades en los distintos procesos, en los procesos de contratación de las empresas, los procesos de selección que se dan en los exámenes médicos, sicotécnicos de conocimiento y educación física”, señaló.
Detenidos
Los detenidos son Fany M. a quien se le encontró Bs 211.000 y $us 2.500 que provenían de “pagos de servicios” de unas ocho personas por el examen médico y documentos con firmas de otro galeno que estaban listos para apelar posibles rechazos.
Asimismo, está en celdas un teniente de la Policía en cuyo domicilio ubicado en la zona 16 de julio de El Alto se encontraron exámenes y nóminas de los postulantes. En el inmueble, la Policía encontró a 17 jóvenes quienes luego identificaron a Fany M. como la “reclutadora”.
“Se constituyó como reclutadora, ya que en la propia compra de prospectos ella ofrecía la posibilidad del ingreso a la Academia y las escuelas básicas policiales y lo ofrecía a partir de los exámenes médicos”, reveló Aguilera.
Las investigaciones alcanzan a otras personas, que inclusive pagaron por las pruebas y que serán investigadas por cohecho. “En las próximas horas habrán más operativos, más allanamientos y seguramente más personas aprehendidas, tenemos bastantes referencias y, ante estas circunstancias, como anunció el presidente, se ha decido la anulación de las pruebas”, dijo.
Esa medida alcanza a las pruebas de la Escuela Básica Policial (Esbapol) debido a que “el proceso está viciado de nulidad y está contaminado por corrupción”.
El caso
El caso detonó, contó el comandante de la Policía, Rómulo Delgado, el jueves 3 de enero cuando un grupo de padres de familia denunció hechos irregulares en los exámenes de admisión de la academia que luego fueron confirmados en un informe que había pedido el jefe policial para ser enviado al Ministerio de Gobierno.
“Encuentras irregularidades en varios formularios, tanto de los exámenes de conocimientos como de las pruebas de educación física”, reveló el jefe policial sobre los datos de la información de la denominada Comisión de Máxima Instancia (CMI)
¿Qué paso?
Al menos 255 pruebas escritas fueron suplantadas en el momento de la realización del examen, es decir, las personas que figuraban como titulares nunca realizaron la evaluación, reveló Aguilera.
Así, se secuestró 351 “carpetas” que luego fueron derivadas al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para su análisis. Se halló “incongruencias” en el llenado de los formularios, por ejemplo en las firmas de exámenes médicos y otros documentos
Pero no es todo. Para la revisión de las pruebas , de acuerdo a testimonios, se habían contratado bajo “presión” a dos empresas.
Además, la Policía verificó que las direcciones de éstas no correspondían a las que anunciaban y por ello se allanaron otros inmuebles y se investiga a ambas para establecer algún grado de responsabilidad. (11/01/2019)
