Durante el pasado año, el departamento de La Paz concentró la mayoría de los casos de acoso político contra las mujeres, según un reporte nacional del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, señaló que en 2018 se consolidó el sistema informático de registro de trámites de recepción de renuncias y denuncias motivadas por acoso y violencia política en los nueve tribunales electorales departamentales para tener estadísticas. La Paz encabeza la lista con 32 denuncias (40%); seguido de Potosí y Oruro, con 11 casos, cada uno.
“En género, vamos a dar mayor énfasis a los casos de acoso y violencia política, y a la participación de mujeres indígenas en el área rural, daremos más participación”, afirmó Choque al presentar las denuncias de ese tipo.
Explicó que motivarán la implicación activa de los vocales indígenas en los TED para que afiancen una agenda relacionada con la construcción de la intervención de las mujeres indígenas, tomando en cuenta sus principios. Puso como ejemplo a las originarias del área andina que tienen como base el principio chacha warmi, que se refiere a un concepto aymara de complementariedad entre el varón y la mujer.
“Qué implica ese principio, eso tenemos que ver, es una responsabilidad nuestra, al menos yo como mujer aymara tengo la necesidad de visibilizar la participación de mujeres indígenas”, afirmó Choque, quien se identificó como aymara. Es licenciada en Trabajo Social; formó parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe.
Dijo que ese reto debe ser acompañado con procesos de investigación, sin descuidar la socialización de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, y el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias.
Recordó que el año pasado, en el marco del proyecto Participación de Mujeres en Partidos Políticos, financiado por la Unión Europea y Oxfam, entre septiembre y noviembre se realizaron ocho talleres de socialización en coordinación con los TED e instituciones afiliadas de la Coordinadora de la Mujer. Asistieron 823 personas, 645 mujeres y 178 varones.
Choque recordó que hasta octubre de 2018 ya hubo 30 casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades en La Paz, lo cual preocupa a las autoridades. El año cerró con un registro de 32 causas sobre este tema.
La autoridad electoral recordó que existe un reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias motivadas por acoso y violencia política. Esta normativa establece un procedimiento que permite identificar posibles presiones externas a las mujeres.
A diferencia del pasado, ahora la renuncia de mujeres candidatas, electas o en función pública debe pasar por filtros, como una entrevista confidencial para identificar si tras la dimisión existe acoso o violencia política. Si se identifica presión, el Órgano Electoral no da curso al pedido y el caso pasará a la Justicia Ordinaria.
En una entrevista con La Razón, la abogada y consultora regional de ONU Mujeres en el área de gobernanza y participación política, Line Bareiro, señaló: “Temas de violencia y acoso político, como términos, nacen en Bolivia”.
En 2012 se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres; sin embargo, recién el 10 de octubre de 2016 se presentó el reglamento que conceptualiza y establece las diferencias respecto a acciones de acoso y violencia política.
La presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual son acciones que delatan el acoso y la violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.
DENUNCIA. Tal es el caso de Vicencia Apaza, concejala del municipio de San Pedro de Curahuara, provincia Gualberto Villarroel de La Paz, quien “persigue” en motocicleta a sus colegas para poder sesionar. Según la querella, los ediles de su región tratan de despistarla, programando las reuniones en comunidades alejadas sin avisarle a tiempo para que no asista.
En diciembre de 2018, la edil denunció que junto a su colega Zaida Mery Choque son víctimas de acoso político, por haber denunciado hechos de corrupción en 2016, por uso indebido de bienes del Estado. Son más de dos años que continúan sufriendo presión, hostigamiento y persecución. El caso está en la Fiscalía.
“Empezamos este año (2018) con más acoso, nos descontaron Bs 500 del primer aguinaldo y hasta la fecha no nos cancelan el segundo aguinaldo. Encima, el sueldo de diciembre aún no nos pagaron”, contó entonces Apaza (foto), en un contacto con La Razón.
