La encuesta de intención de voto publicada en medios escritos y que muestra al presidente Evo Morales con la mayor preferencia para un futuro proceso electoral sigue siendo blanco de críticas de la oposición. Esta vez el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral pidió un informe oral a la ministra de Comunicación, Gisela López, para que sustente su decisión de usar fondos públicos en una publicación de este tipo.
“Vamos a pedir una petición de informe oral por las declaraciones de la ministra diciendo que han gastado la plata de los bolivianos para publicar encuestas de campaña de Evo Morales”, anunció en declaraciones a radio Líder, quien además advirtió con iniciar un proceso penal por daño económico al Estado.
A través de su cuenta en Twitter, López admitió que el Gobierno publicó la encuesta de intención de voto el 16 de diciembre, pero aseguró que con ello no se vulneró ninguna norma electoral como se había denunciado desde la oposición.
«Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las Primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia», escribió.
“Ahí están haciendo una encuesta de quien sería el candidato presidencial que ganaría, entonces, pues lo que ha pasado aquí es que si los del Tribunal Electoral estarían conscientes, la sanción debería ser para el Movimiento Al Socialismo, incluso con pérdida de personería jurídica como ha pasado con Ernesto Suárez y con otra gente por publicar encuestas”, opinó, por el contrario, Barral.
El 22 de diciembre, el diputado de UD José Carlos Gutiérrez denunció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) por haber difundido esa encuesta vulnerando, en su criterio, la Ley de Régimen Electoral. Por este hecho precisamente demandó la cancelación de la personería jurídica. Hasta el momento no fue tratado el asunto en la Sala Plena.
Mientras esto ocurre, Gutiérrez decidió en pasados días incluir en la demanda al Gobierno por haber utilizado recursos del Estado para la encuesta, hecha por la firma CIES Mori, y su difusión en medios de comunicación. En criterio del legislador, se vulneró el parágrafo III del artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral y el Reglamento de las Elecciones Primarias 2019, en su artículo 88. (11/01/2019)
