Dos demandas penales fueron presentadas por igual número de legisladores de oposición en contra de la ministra de Comunicación, Gisela López, por uso de dinero público en la difusión de una encuesta que favorece al presidente Evo Morales. La ministra respondió que tiene las manos y la conciencia limpias.
Durante la mañana, el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo se presentó ante la Fiscalía y formalizó la denuncia por los delitos de uso indebido de bienes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.
Ya en horas de la tarde, su colega, también senador de UD y candidato a la presidencia de Bolivia, por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, presentó junto a su candidato a la vicepresidencia Edwin Rodríguez otra querella por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e inducción al voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta.
Ni bien se conoció la demanda de Murillo, López respondió a través de su cuenta en Twitter que tiene las manos y la conciencia limpias, pero además se preguntó si no es acoso político que en su contra, desde la oposición, hayan presentado en dos años 56 peticiones de informe escrito.
“56 peticiones de informe escrito (PIE), 6 del misógino y el resto de su comparsa. PIOs e interpelación, todo en 2 años ¿Acoso político? La conciencia y las manos LIMPIAS nos tienen en paz. Acciones en el marco de leyes, como debe ser. ¡Viva la Revolución Democrática y Cultural! (sic)”, escribió en su red social.
La publicación de la encuesta desató una polémica y a fines de diciembre de 2018 el diputado de UD José Carlos Gutiérrez decidió denunciar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y al Gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber difundido esa encuesta vulnerando, en su criterio, la Ley de Régimen Electoral, pero además financiándola con recursos públicos.
Gutiérrez pidió al TSE la cancelación de la personería jurídica del MAS y que el binomio Evo Morales – Álvaro García sea inhabilitado. Hasta el momento no hay un pronunciamiento del ente electoral.
“Esta es una denuncia complementaria a las gestiones que viene realizando el diputado José Carlos Gutiérrez ante la admisión pública de la ministra de Comunicación de que se publicó una encuesta de intención de voto en diciembre cuando estaba en pleno desarrollo el calendario electoral de las primarias con recursos del Estado”, añadió Ortíz. (14/01/2019)
