El escándalo del caso de la red criminal que negoció admisiones en la Academia Nacional de Policías (Anapol) ya ha cobrado la cabeza de cuatro jefes policiales que el domingo fueron enviados a la cárcel. Con ellos, suman 11 los detenidos de manera preventiva, pero se espera que sean más y ahora se apunta al entorno de la médico Fanny M. y a los postulantes presuntamente beneficiados.
Así lo confirmó este lunes el jefe Nacional de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel Miguel Ocampo, en una entrevista con la red RTP.
“Sabemos que no estamos ni en la mitad de las personas involucradas, en el transcurso de esta semana vamos a convocar a otras personas que han colaborado en la comisión de los hechos y que están vinculadas básicamente a esa doctora que está en la cárcel”, señaló.
En ese marco, reveló que “ella era la articuladora de una serie de operadores en diferentes áreas (…) la que manejaba todo, la que operativizaba, la que tenía su consultorio donde llegaban las personas a pedirle ayuda, a hacer los cobros”.
En las primeras intervenciones policiales, se secuestró en su domicilio Bs 211.000 y $us 2.200, además se congelaron sus cuentas bancarias con más Bs 1 millón que, se presume, eran de los cobros irregulares.
Paquetes
La red criminal había creado “paquetes” para cada necesidad, contó Ocampo, y los pagos eran diferenciados de acuerdo a los requerimientos.
“De acuerdo al análisis que hemos realizado, eran montos diferenciados. Había gente que quería que lo ayude en el tema médico y paga un determinado monto, si necesitaba (examen) médico y sicotécnico pagaba otro monto, ahora si necesitaba todo el pack completo era definitivamente otro monto”, reveló.
Todo estaba sujeto la forma de negociación que los familiares de los postulantes realizaban con los negociadores de la red. Por ello, también se alista la convocatoria para los postulantes y sus familiares con el fin de que cuenten su versión, aunque existe “silencio” en ellos, lamentó el jefe policial.
Este lunes se instalará una cita entre las autoridades de la Policía y la Fiscalía para coordinar los siguientes pasos de las pesquisas.
“Conforme vayamos avanzando en la etapa preparatoria veremos junto con el Ministerio Público la posibilidad de notificarlos para que ellos también nos cuenten sus versiones”, señaló Ocampo.
La comisión de investigadores identificó que el 75% de 351 trámites de admisión —que incluían exámenes físicos, sicotécnicos y de conocimiento—tenían irregularidades. Por ejemplo las firmas de los aspirantes no coincidían y algunos postulantes que reprobaron aparacieron aprobados, dos indicios que llevan a los investigadores a pensar que las pruebas fueron suplantadas.
En tanto, un grupo de padres de familia alientan protestas para reclamar por la anulación de los exámenes ordenada por el propio presidente Evo Morales, una medida de presión que Ocampo minimizó tras afirmar que “está en su conciencia que sus hijos no han sido los mejor calificados”. (21/01/2019)
