El jefe nacional de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Miguel Ocampo, y el director de la FELCC de La Paz, coronel Johnny Aguilera, reciben amenazas anónimas por la investigación de los cobros para el ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y la Escuela Básica Policial (Esbapol).
La Policía, a través de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), inició una investigación para determinar el origen de las amenazas vía teléfono y dar con los autores.
“El coronel Aguilera y mi persona hemos recibido algunos mensajes de teléfonos que no están registrados, son líneas que no tienen todavía un registro y hacen alguna alusión a que tengo familia, que cuidemos nuestros actos, bueno, son cosas normales de este tipo de investigaciones en las que se afectan son intereses”, reveló Ocampo.
Los hechos de corrupción fueron destapados después de una denuncia de padres de familia de manipulación de las pruebas para el ingreso a la Anapol. La investigación estableció que hubo cobros, manipulación de las pruebas y la actuación de una «organización criminal» con participación de uniformados y civiles.
A la fecha, hay 11 personas detenidas en cárceles de La Paz en medio del escándalo que afecta a la institución policial y al instituto de formación de oficiales y policías.
Una Comisión de Máxima Instancia integrada por representantes de los ministerios de Salud, Educación y de Gobierno estaba a cargo del proceso de admisión de los postulantes.
“Hemos descubierto que algunas otras decisiones eran tomadas por la Comisión de Máxima Instancia, por algunos de sus miembros que vulneraban el procedimiento”, reveló Ocampo en una entrevista en la red Unitel.
Todos los miembros de la comisión fueron convocados para este jueves a declarar en la Fiscalía, excepto el coronel Vicente Q. quien ya fue remitido a la cárcel con detención preventiva tras su declaración.
“Existen 251 files (carpetas, en inglés) de los postulantes que habrían aprobado de manera irregular, precisamente (ellos) van a ser convocados. No olvidemos que el cohecho pasivo (soborno) también está penado por ley, es aquel que recibe y da plata”, informó el fiscal que investiga el caso, Samuel Lima.
La CMI era la encargada de realizar de forma anual la supervisión y verificación del proceso de selección y admisión de los nuevos postulantes a los centros de formación policial, como en el caso de la Anapol. Se encuentra compuesta por un representante del ministerio de Gobierno, de Educación, de Salud, del Comando de la Policía y de la Universidad Policial (Unipol).
