El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Haider E. J., fue denunciado este viernes en la Fiscalía por autoridades de Gobierno por supuestamente haber cometido cuatro delitos cuando ejerció las funciones de asesor general del Municipio de Riberalta, entre ellos, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas.
La denuncia fue presentada por el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, quien dijo que Echalar, entre 2015 y 2016, ejerció como asesor general de despacho del Alcalde de Riberalta con un salario de Bs 10.000 y que en esa condición, según la denuncia, se favoreció con acuerdos ilegales. Su patrimonio personal subió de Bs 1.862.835 a Bs 4.731.467, en tres años.
«Esto abiertamente se trata de corrupción pública más aun cuando verificadas las declaraciones juradas de Echalar el más o menos declara en 2015 de Bs 1.862.835 y declara en 2016 cuando jura como vocal Bs 4.731.467; un crecimiento en tres millones de bolivianos en un periodo reducido de tres años, estos nos ha indicios de un supuesto enriquecimiento ilícito», sostuvo.
Echalar fue sindicado por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y falsedad en las declaraciones juradas. La comisión interinstitucional que visitó Riberalta además denunció otros dos casos más.
La otra denuncia -según un boletín institucional- está relacionada con la venta de propiedad estatal en la urbanización Santo Domingo. En 2008, 15 manzanos habían sido donados al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta (GAMR) para áreas de mantenimiento y equipamiento. Ese mismo año se conoció que ocho manzanos habrían sido vendidos a particulares supuestamente por la Alcaldía.
En 2009, esta transacción se había consignado en minutas de transferencia, comprobantes de pago y certificaciones de catastro urbano, aunque la misma Alcaldía certificó que tales registros tampoco aparecen en los sistemas de recaudaciones dentro la Alcaldía lo que comprueba la falsedad del hecho.
«Están involucrados funcionarios públicos, encargados del catastro municipal de Riberalta, personal de Derechos Reales que nunca debería haber aceptado el registro de esa propiedad (…) notarios de fe pública”, informó Jiménez.
En cuanto a la tercera denuncia, ésta tiene que ver con los procesos de contratación del municipio de Riberalta.
Según Jiménez, hay irregularidades que fueron encontradas en la edificación de las plazas Conavi y 3 de Febrero cuyas obras ejecutadas por un monto Bs 99.000 fueron incumplidas. El Viceministro dijo que 8 personas fueron aprehendidas entre funcionarios de Derechos Reales y catastro municipal. (22/02/2019)
