El ministro de Gobierno, Carlos Romero, demandó este lunes que las personas involucradas en el caso de la “emboscada” a efectivos antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el Chapare sean procesadas por el delito de tráfico de drogas. Asimismo, reveló que se investiga a dos pilotos civiles.
“Tenemos el indicio de un involucramiento directo de tráfico de drogas de una familia y de otras que estarían haciendo cobertura, con una suerte de tarea de seguridad. Igualmente, hemos ampliado la denuncia por tráfico de drogas. Será la investigación la que va a discriminar responsabilidades, pero en última instancia todos deberán ser procesados por tráfico de drogas”, afirmó la autoridad gubernamental en una conferencia de prensa.
De acuerdo a un boletín de la Fiscalía, los sindicados son procesados por los delitos de asesinato en grado de tentativa; lesiones graves y leves; asociación delictuosa, tenencia y portación ilícita y hurto o robo de armas. Pero también el Ministerio de Gobierno había denunciado a los sospechosos por cobertura al narcotráfico.
Asimismo, el ministro reveló que la Policía viene trabajando en establecer los “posibles nexos” de dos pilotos civiles y otras personas con el incidente ocurrido el pasado sábado 2 de marzo en la comunidad San Rafael, en el municipio de Villa Tunari en Cochabamba.
El hecho dejó como saldo dos efectivos policiales heridos y un civil con antecedentes de narcotráfico fallecido.
“Hablamos de dos pilotos civiles, hablamos de algunas personas que son señaladas como parte de la investigación”, apuntó.
El fin de semana la Justicia decidió enviar con detención preventiva a siete de los 10 aprehendidos a diferentes centros penitenciarios y fijó medidas sustitutivas para otros tres.
Los imputados Ancelmo M. P., Agripino N. M. y Manuel S. H. fueron remitidos al penal de San Antonio; mientras que Albino S. L. y Jhonny M. R. cumplirán la decisión de la Justicia en el penal de San Sebastián varones.
En el caso de Cristhian E. F. y Jesús E. C., ambos cumplirán detención en el centro penitenciario de San Pedro de Sacaba.
El juzgado también dispuso las medidas sustitutivas para Casto A. P., Román C. T. y Juan F. N.
El Ministro de Gobierno anunció que su despacho actuará con «severidad y celeridad» en el caso para dar con los responsables del ilícito a través de una investigación que incluye, sin distinción, a cocaleros y a otros pobladores. De todos los sindicados, solo uno declaró ser afiliado a los productores de coca de esa región.
Para Romero, «habilitar un camino vecinal» como pista clandestina para el narcotráfico «es un hecho grave, es una acción directa de favorecimiento al narcotráfico».
«En este caso vamos a actuar con la severidad y celeridad. Y hemos formulado un plan con una movilización de 386 efectivos y de haber tomado todos los recaudos para que la movilización, distribuidos en todos los sectores, para que sea una operación sorpresa y dar cuenta de que tenemos una decisión de que vamos a aplicar mano dura, contra cualquiera que está involucrado con el narcotráfico», ratificó.
En ese marco, anunció que «según la información que reprocesemos, tomaremos la decisión, si es necesario, de movilizar otro contingente de efectivos pero lo vamos a definir en los siguientes días».
(11/03/2019)
