El censo carcelario que se realizará el 2, 3 y 4 de abril en 51 recintos del país servirá también para verificar el cumplimiento de los derechos humanos de los reclusos, anunció el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, en medio de las denuncias de abusos sexuales cometidos en contra de reclusas en dos penales del Beni.
Tres policías fueron suspendidos de sus funciones de manera temporal luego de que fueran denunciados por la presunta violación a una ciudadana brasileña recluida en un penal del municipio Rurrenabaque, en Beni. Hay otros cinco en la mira. Pero no es el único caso, luego se supo de otras denuncias provenientes del penal de Reyes.
“Los días 2, 3 y 4 de abril se va llevar adelanta el censo carcelario y en este censo vamos a poder hacer un levantamiento único histórico como nunca se ha hecho en Bolivia para proteger justamente los derechos humanos”, señaló Arce.
Las carteras de Justicia y Transparencia Institucional y Gobierno coordinan para atender ese tipo de casos que han causado polémica y que fueron revelados por los legisladores de la oposición Yerko Núñez y Jeanine Añez.
“Vamos a participar activamente, es nuestra responsabilidad, estamos coordinando acciones conjuntamente con el Ministerio de Gobierno. He hablado de este tema con el ministro Carlos Romero y vamos a tomar las acciones correctivas que sean necesarias”, dijo Arce.
La defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que corresponde al Estado dar respuesta y atender las denuncias; de todas formas, su despacho intervendrá de forma directa en los casos de Reyes y Rurrenabaque.
Asimismo, demandó a la Fiscalía abrir una nueva investigación y al Consejo de la Magistratura fiscalizar el proceso.
“Hemos abierto un caso y vamos a hacer la revisión del expediente y vamos a entrar por vulneraciones del debido proceso o las garantías especiales que existen en este tipo de causas, que es lo que corresponde”, señaló tras demandar, de comprobarse las denuncias, que ese tipo de hechos no pueden repetirse. La Defensoría está abierta a recibir otras denuncias.
“El censo carcelario seguramente va dar la posibilidad para acercar a la institucionalidad del Estado hacia los centro de privación de libertad”, ponderó este miércoles Cruz en una entrevista con la red Unitel.
Empero, consideró que esa tarea debe ampliarse a las celdas policiales de las zonas periféricas y el área rural, por ello alista un trabajo Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret).
“Corresponderá también, y lo vamos a trabajar con el Servicio de Prevención contra la Tortura, ver un trabajo más sostenido de mediano y largo plazo para ingresar a las celdas policiales que se encuentran en áreas periféricas y áreas rurales”, sostuvo. (13/03/2019)
