El Legislativo prepara la aprobación del pliego acusatorio contra los presuntos responsables de los daños ocasionados por la privatización y capitalización de las empresas públicas, para su inmediata remisión a la Fiscalía con la finalidad de que se investigue y establezca responsabilidades penales contra los acusados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que en el pliego acusatorio se establecerán algunos indicios respecto al grado de participación que tuvieron expresidentes, exministros y otras exautoridades en la enajenación del patrimonio nacional.
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el informe general de la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas, que estableció un daño económico de $us 21.000 millones, al cambio actual, e identificó a los posibles responsables, pero resta la aprobación del pliego acusatorio.
“Durante el transcurso de las siguientes semanas se van a aprobar los pliegos acusatorios para que sean remitidos ante el Ministerio Público y todas las instancias pertinentes para que obviamente estos individuos que hoy día están andando libres en la calle volviéndose magnates, millonarios con la pobreza y la enajenación de nuestras empresas, puedan asumir sus responsabilidades de índole penal”, afirmó.
En la investigación se identificó a 55 personas implicadas en relaciones políticas, económicas y familiares, y a tres personas como ejes principales de esas relaciones: Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic.
“Nosotros entendemos, en base al informe se ha establecido suficientes indicios para que obviamente a estas personas puedan llevárselas a un proceso”, añadió.
El trabajo de la comisión está en 2.748 páginas, aglutinadas en tres tomos y anexos correspondientes bajo el título: “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia 1985-2005”.
Además del Ministerio Público, el pleno recomendó enviarlo a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. (21/03/2019)
