Horizontal de Aviación Bolivia, la empresa contratada por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) para el mantenimiento de aeronaves antidrogas, empleó a militares para cumplir con esa misma tarea.
El Ministerio de Gobierno tiene serios indicios sobre la irregularidad, por eso encargó “una investigación profunda” para establecer el alcance y las implicaciones de este caso.
“Esto es un delito, porque se supone que es una empresa externa. Aunque (esta compañía) puede subcontratar algunos servicios es irregular que contrate a los propios militares para hacer los trabajos de mantenimiento de las naves”, indicó a La Razón el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Precisamente, la UELICN fue intervenida por el Ministerio de Gobierno para esclarecer la relación que hay con esa firma privada. Según información preliminar a la que accedió este diario, “técnicos aviadores de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) trabajan en esta unidad antidrogas”, pero bajo contrato con Horizontal de Aviación.
Romero remarcó que las pesquisas darán a conocer quiénes y cómo se llegaron a beneficiar con el contrato que firmó UELICN con esa empresa especializada.
Esta denuncia la hizo la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval el 11 de marzo. Ella afirmó que la unidad favoreció a un “clan familiar” con contrataciones por más de $us 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Rojos.
La asambleísta informó que entre 2013 y 2018 la UELICN llegó a alquilar un hangar que es de propiedad de la esposa del dueño de Horizontal de Aviación Bolivia. Además existe la sospecha de que la entidad estatal compró insumos a una compañía que es de la hija de este empresario.
Ante estas denuncias, el Gobierno intervino y destituyó a cuatro funcionarios por estar implicados en irregularidades, como depósitos de dinero en sus cuentas bancarias personales. Por esto, son sometidos a procesos internos disciplinarios y penales. Vivian Flores, la responsable de esta unidad, también fue suspendida.
Carlos Romero reveló que solicitó indagar el procedimiento de contratación con esta empresa especializada debido a que existe “sospecha” por la “frecuencia” con la que se adjudicó la misma firma durante varios años.
Según la denuncia, los funcionarios recibieron depósitos en cuentas bancarias personales de hasta Bs 32.000, que supuestamente eran para la compra de sustancias que se utilizan para el mantenimiento de aeronaves de los Diablos Rojos y Negros de la FAB que operan con la UELICN.
Las responsabilidades de la unidad es dar apoyo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para el trabajo de interdicción y la erradicación de cocales ilegales. Entre sus labores está el dar respaldo logístico, es decir, la instalación de campamentos, la dotación de alimentos, herramientas y ropa, así como el mantenimiento de equipos (aeronaves o vehículos).
La UELICN tiene como presupuesto, en promedio anual, unos $us 56 millones y encara el trabajo que realizaba la oficina antidrogas de EEUU (NAS) en Bolivia, además de otras tareas en esta área que financiaba Washington (hasta fines de 2013). La salida de esta entidad se dio luego de que, el 1 de noviembre de 2008, el Ejecutivo expulsó al Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) bajo acusación de conspiración. La misma suerte corrió la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El Gobierno luego anunció la política de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico.
