Ni terminaba de sacudirse de graves escándalos distintos, un sorpresivo cambio de comandante puso en jaque a la Policía Nacional el 9 de abril. No había un explicación concreta de la decisión, pero luego se entendió por algo grave: narcotráfico.
Con el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y la jefa de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, fuera del país, el mandatario en ejercicio por prelación, Víctor Borda, a la sazón titular de Diputados, tuvo que enfrentar el intempestivo cambio: posesionó al general Yuri Calderón en lugar del también general Rómulo Delgado, apenas cuatro meses en las funciones.
Entonces, Borda instó al nuevo jefe policial a “erradicar” a los “malos policías” de la institución. Y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, solo pudo justificar la remoción con que Delgado fue muy “flexible con la corrupción”.
Pero el episodio que decantó los vínculos de ciertas esferas de la Policía con el narcotráfico fue la conversación por teléfono que tuvo un descontento Delgado con el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Maximiliano Dávila, cuya grabación fue difundida días después por el diario cochabambino Los Tiempos. En el audio, el ahora excomandante especula con su interlocutor sobre si el “documento” le llegó al presidente Evo Morales o es que fue el que finalmente obligó su sorpresiva destitución.
Después de la condena por narcotráfico en 2011 en Estados Unidos del general René Sanabria, excomandante de la FELCN, que fue interceptado junto a otros policías en un periplo de transporte de cargamentos de droga a Estados Unidos, no hubo otro caso tan evidente y escandaloso como el que se investiga ahora, el serio vínculo de jefes y oficiales policiales con uno de los “peces gordos” contemporáneos, Pedro Montenegro Paz.
Las dudas sobre un inusual viaje del hasta hace poco director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz (FELCC), coronel Gonzalo Medina, ayudaron a deshilvanar el nuevo caso de “narcopolicías”. Éste viajó a Panamá al menos un par de veces este año, el último entre el 14 y 18 de marzo. Si bien había hecho uso de su vacación, como confirmó luego el director nacional de la FELCC, William Cordero, aquél no tenía permiso para un eventual periplo al exterior.
“Me recomiendan que debería descansar y acudir a un tratamiento médico especializado: por eso me voy a Nassau, Bahamas”, se justificó Medina en una conferencia de prensa el 15 de abril.
No se comprobó si finalmente viajó a Las Bahamas por “cuestiones de salud”, pero sí se supo de sus movimientos sospechosos. Las investigaciones establecieron que traficaba droga junto al ahora excapitán Fernando Moreira.
Una fotografía aparecida hace un mes en el país muestra a Moreira, el hijo adoptivo de Medina (Robin Justiniano), el exmayor Kurt Brun y otras personas en una travesía en el mar en Cartagena de Indias (Colombia), frecuente destino de esos policías.
El bingo de la imagen no son ellos, no obstante, sino Montenegro Paz, narcotraficante boliviano con orden de aprehensión con fines de extradición desde el 15 de julio de 2015 dictada por la Justicia de Brasil.
Se descubrió que el narcotraficante fue quien pagó el viaje de Carnaval a sus invitados. Aquél fue inculpado de haber transportado 1,3 toneladas de cocaína a Europa, además de otro lote de 120 kilos de Bolivia hacia Brasil.
Lo grave del caso es que Montenegro Paz tuvo la protección y complicidad en sus movimientos de policías de distinta graduación, entre ellos Medina, Moreira, Bruno y el teniente Juan Carlos Villca, además de un antiguo personal de Interpol que hizo desaparecer folios en su contra. El ministro Romero insistió ayer en La Paz que más policías están implicados con el narcotraficante.
Tan grave fue el caso para la Policía y para el Gobierno, que el 24 de abril, a través de una resolución, Romero dispuso la baja de Medina y Moreira, aprehendidos un día antes; hasta ayer éstos se encontraban en la cárcel de San Pedro a la espera de ser trasladados al penal de Palmasola.
La Policía había tocado fondo. La resolución también disponía la remoción de la guarnición policial de Santa Cruz, la definición de una nueva orden de destinos para la región y, además, la orden de investigación contra los directores nacionales y departamentales de Interpol (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) por omitir la búsqueda de Montenegro Paz, la declaración jurada obligatoria para los agentes y el cierre de registro de nuevos de la Academia Nacional de Policías (Anapol).
Romero dijo ayer en entrevista con Bolivia Tv que con la entrega del narcotraficante, el sábado en Santa Cruz, el “núcleo principal” está desarticulado.
Mientras, las investigaciones de las que Delgado se jactaba ante Dávila están en statu quo.
