El caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) derivó este jueves en una octava detención preventiva en penitenciarías de La Paz.
Esta vez el juez Primero Anticorrupción, Alan Zárate, envió al penal de San Pedro al exfuncionario de esa dependencia Daniel A., imputado por los delitos de incumplimiento deberes y negociaciones incompatibles con su cargo.
El fiscal German Rea indicó que el exfuncionario participó en la suscripción de contratos con la empresa Horizontal y que se encontró riesgo procesal, por lo que se dispuso su detención en el penal paceño.
“Se ha dispuesto la detención preventiva de Daniel A. en vista de que ha concurrido los riesgos procesales que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Transparencia han solicitado”, informó.
Además de los ocho recluidos en centros penitenciarios, otro exfuncionario se encuentra con detención domiciliaria.
Daniel A. fue aprendido el martes luego de cumplir con su declaración informativa ante el Ministerio Público, tras lo cual fue imputado por los delitos de incumplimiento deberes y negociaciones incompatibles con su función.
Dos exmilitares y seis civiles conforman la lista de ocho exfuncionarios que fueron enviados a la cárcel por este caso, en el que fueron descubiertas irregularidades en las labores de mantenimiento de las aeronaves usadas en la lucha contra el narcotráfico.
“De acuerdo al grado de participación y los indicios que se ha podido colectar hasta el momento se ha producido la imputación. El señor era enlace y ha participado en la revisión, suscripción de los contratos; hay un grado de responsabilidad, por eso se lo está imputando”, informó Rea a la prensa.
Por el mismo caso, el teniente coronel Guillermo Q., excomandante de la unidad antidroga Diablos Negros (2014), fue enviado el miércoles con detención preventiva a la cárcel de San Pedro por los indicios de corrupción.
En la víspera, dos hangares donde operó la Nacotics Affairs Section (NAS) de la embajada de Estados Unidos hasta el 2013 fueron objeto de requisas por la Fiscalía por el caso del mantenimiento de las aeronaves de las unidades de lucha contra el narcotráfico, dependiente del Ministerio de Gobierno.
En la requisa se halló documentación de los repuestos y de herramientas pero no fue posible su secuestro por parte de la Fiscalía, informó el fiscal Ronald Chávez. Ante este panorama, ayer el Ministerio Público citó a tres militares más: el encargado de almacén, el de archivo y el de mantenimiento de las aeronaves.
Todo inició con la denuncia de la diputada opositora Rose Mery Sandoval, en la adjudicación de contratos millonarios por la empresa Horizontal de Aviación para el mantenimiento de aeronaves de lucha contra el narcotráfico de las fuerzas especiales antidroga “Diablos Rojos” y “Diablos Negros”. (30/05/2019)
