La corrupción que estalló en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) golpeó a tres entidades y puso en la mira de la Justicia a nueve jefes militares, dos de los cuales ya están encarcelados.
“Hay varias personas sindicadas que deben venir a declarar; son exfuncionarios y militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que posiblemente avalaron que se utilicen ambientes y material que dejó la NAS (Narcotics Affairs Section de EEUU) y también ayudaron a que se contrate, de manera irregular, a la empresa Horizontal de Aviación Boliviana”, afirmó Ronald Chávez, uno de los fiscales.
La firma privada encargada del mantenimiento de aviones y helicópteros destinados a la lucha contra las drogas se adjudicó esa responsabilidad en 2013. El Ministerio Público de La Paz sospecha que ese contrato fue irregular, ya sea por tráfico de influencias o por el usufructo de bienes del Estado.
Según el cuaderno de investigaciones, los indicios de las irregularidades salpicaron al Ministerio de Gobierno, que dirige la UELICN y sus contratos son visados por autoridades administrativas; a la Fuerza Aérea, debido a que los pilotos y personal técnico de las unidades Diablos Rojos y Negros que avalaron la firma con Horizontal e incluso fueron contratados por la firma privada para el trabajo de mantenimiento en paralelo al trabajo que tienen en la Fuerzas Armadas (FFAA).
La Fiscalía sospecha que altos jefes militares pudieron coludirse con empresarios de Horizontal para que se adjudique el contrato de mantenimiento de las aeronaves por cinco años continuos, con pliegos “armados” a favor de la empresa que se hizo del contrato.
Además, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reveló que Horizontal no tenía aval técnico para poder hacer el mantenimiento de las aeronaves.
La tercera entidad afectada es la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que tiene como base para sus aeronaves los hangares que fueron administrados por la NAS de la Embajada de Estados Unidos, mientras duró la cooperación antidrogas de ese país. Según la Fiscalía, Horizontal operaba en esos ambientes e incluso utilizaba los repuestos y material que fueron donados al Estado por la NAS.
Pesquisas. “Estamos investigando, por eso, en su momento se convocará a todos los que avalaron desde 2013 a 2018, la contratación de Horizontal”, indicó ayer a La Razón Germán Rea, uno de los fiscales asignados a este caso.
La autoridad aseveró que de ser necesario se convocará al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, puesto que él estuvo al mando de la UELICN de 2013 a 2016. Luego se cambió el reglamento y la unidad pasó a depender directamente del Ministerio de Gobierno. Cáceres no contestó la llamada que le hizo este diario.
Asimismo, el fiscal no descartó citar a otras autoridades como el ministro Carlos Romero y exautoridades de la cartera de Estado como Hugo Moldiz. “En toda investigación se debe convocar a los testigos que hayan o no tenido algún grado de participación”.
A la fecha hay 12 personas implicadas y se prevé convocar a varias más, entre ellos nueve jefes militares implicados. Dos de ellos ya fueron encarcelados, el resto declarará entre hoy y la próxima semana junto con exfuncionarios.
Este caso estalló en marzo, luego de que la diputada de Unidad Demócrata (UD) Rose Marie Sandoval denunciara que se favoreció a un “clan familiar” con contrataciones por más de $us 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas destinadas a la interdicción y la lucha antidrogas.
Implicados piden juicio abreviado
La directora jurídica de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), Nancy Carlena de la Torre, y Juan Carlos Peralta, exfuncionario de la unidad, pidieron someterse a juicio abreviado.
“Uno de ellos ha presentado la petición de sometimiento a procedimiento abreviado, hecho que en el transcurso de las horas lo vamos a analizar”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Sobre Peralta, ayer Zuleika Lanza abogada del sindicado que tiene detención domiciliaria, adelantó la petición de juicio corto.
Al respecto, Ronald Chávez, uno de los fiscales del caso, afirmó que aún no llegó de manera oficial las peticiones, pero las dos personas deben seguir algunos pasos legales, entre ellos el admitir haber cometido los delitos por los que fueron imputados, como incumplimiento de deberes.
